Desde este mes, los habitantes de 15 autonomías tendrán que hacer frente a un recargo en el recibo de la luz. Finalmente, ellos serán los pagadores del aluvión de ecotasas que los Gobiernos de esos territorios impusieron a las eléctricas.
El Supremo dejó claro que se trató de un cobro indebido, ya que afectaba a la unidad de tarifa eléctrica que debe existir en todo el territorio nacional, por lo que, si se aplica, el sujeto gravado debe ser el usuario. Los Ejecutivos autonómicos tienen que extraer una clara lección de este revés. Cuentan con plena soberanía para crear tasas en el ámbito medioambiental, pero los fines ecológicos a los que supuestamente se dirigen no eximen de diseñar con rigor estos impuestos, para no penalizar sin base a sectores como el eléctrico.
