Los inversores y analistas económicos han comenzado a hacerse la misma pregunta que formulé en un artículo publicado hace 18 años: "¿Quién perdió a Argentina?". A finales de 2001, mientras se intensificaba la búsqueda de culpables, el país iba camino de incumplir el pago de sus deudas, caer en una profunda recesión y sufrir una pérdida duradera de credibilidad internacional. Ahora, para los papeles de víctima y acusador vuelven a competir muchos de los candidatos de antes, y se sumaron otros. Intencionalmente o no, todos están repitiendo una tragedia evitable.
Tras un mal resultado en las elecciones primarias, el presidente argentino Mauricio Macri busca otro mandato en condiciones económicas y financieras que prometió que nunca volverían. El país impuso controles de capitales y anunció una reestructuración del pago de sus deudas. Moody's degradó la calificación de la deuda soberana argentina, hundiéndola más en el territorio de los bonos basura, y Standard & Poor's la declaró en default selectivo. Mientras se desarrolla una recesión profunda, la inflación está en niveles muy altos, y es casi seguro que pronto habrá un aumento de la pobreza.
El país no ha aprendido la lección de la última debacle y no ha hecho los cambios suficientes
No han pasado aún cuatro años desde que Macri asumió el cargo y comenzó a implementar una agenda de reformas ampliamente elogiada por la comunidad internacional. Pero después de eso el país se metió en problemas y recibió del Fondo Monetario Internacional un préstamo por una cantidad récord.
Argentina ha vuelto a caer en una crisis por la sencilla razón de que desde la última debacle, no hubo cambios suficientes. Por eso, las bases económicas y financieras del país no dejaron de ser vulnerables a perturbaciones internas o externas.
El compromiso de las autoridades económicas y financieras de Argentina con un ambicioso programa de reformas no las libró de cometer varios errores que pudieron evitarse. La disciplina fiscal y las reformas estructurales se aplicaron en forma descoordinada, y el banco central dilapidó su credibilidad en momentos clave.
Las autoridades argentinas han caído en las mismas equivocaciones que sus predecesores, lo que ha pasado factura a la nación
Sobre todo, las autoridades argentinas actuales cayeron en la misma tentación que malogró a todos sus sucesores. En un intento de compensar la lentitud en la mejora de la demanda interna, permitieron una acumulación excesiva de deuda denominada en moneda extranjera, que agravó lo que los economistas denominan "el pecado original": un desequilibrio agudo entre activos y pasivos, y entre ingresos y pagos de la deuda.
Peor aún, esta deuda la compraron no sólo inversores con experiencia en los mercados emergentes, sino también "inversores ocasionales" en busca de rendimientos superiores a los disponibles en los mercados de sus propios países. Los segundos tienden a carecer de conocimiento suficiente sobre la clase de activos en la que se están metiendo, y por eso son conocidos por contribuir a que sus precios sobrerreaccionen (hacia arriba o hacia abajo).
Impertérritos ante el historial argentino de volatilidad crónica y episodios de iliquidez (incluidos ocho defaults anteriores), los acreedores acumularon toda la deuda que el país y sus empresas emitieran, incluida la muy exitosa emisión de un bono a cien años por el que se recaudaron 2.750 millones de dólares a un tipo de interés de apenas el 7,9 por ciento. Al hacerlo, empujaron los intereses de la deuda argentina muy por debajo de lo que justificaban las condiciones económicas, financieras y de liquidez, lo que alentó a las entidades argentinas a emitir más bonos, a pesar del debilitamiento de los fundamentales.
La búsqueda de rendimientos contó con el aliciente de unas políticas monetarias inusualmente laxas en las economías avanzadas: tasas de referencia ultrabajas (negativas en el caso del Banco Central Europeo) y flexibilización cuantitativa. Y así, los bancos centrales con importancia sistémica (el Banco de Japón, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el BCE) entran en la nómina de culpables de la crisis argentina.
Además, influidos por años de fuerte apoyo de los bancos centrales a los mercados de activos, los inversores estaban condicionados para esperar niveles amplios y predecibles de liquidez (un "factor global común" coherente) que compensaran toda clase de debilidades crediticias locales. Y este fenómeno se acentuó por la proliferación de inversiones pasivas, con índices que en la mayoría de los casos usan una ponderación basada en el valor de mercado de la deuda en circulación (es decir, cuanta más deuda emita un mercado emergente, como Argentina, más peso tendrá en muchos índices).
Luego está el FMI, que acudió una vez más en ayuda de Argentina cuando en 2018 varios fallos de política interna pusieron nerviosos a los inversores. Hasta ahora, Argentina recibió 44.000 millones de dólares como parte del acuerdo de financiación más grande en la historia del FMI. Pero desde el primer día, el programa del FMI fue blanco de críticas por los supuestos que formuló en relación con las perspectivas de crecimiento de Argentina y su sendero hacia la viabilidad financiera a más largo plazo. Justamente los mismos defectos que plagaron los programas anteriores de ayuda del FMI a Argentina, incluido en esto el proceso particularmente caótico que llevó al default de 2001.
Como en Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, casi todos los involucrados tuvieron algo que ver con la debacle económica y financiera que se desarrolla en Argentina, y todos son también sus víctimas, habiendo sufrido un daño a la reputación y, en algunos casos, pérdidas financieras. Pero esos costos no son nada en comparación con los que enfrentará el pueblo argentino si su gobierno no actúa pronto (en cooperación con los acreedores privados y con el FMI) para revertir el deterioro económico y financiero.
Gane quien gane la elección presidencial del próximo mes, el gobierno argentino debe abandonar la idea de que tiene ante sí una disyuntiva excluyente entre aceptar o rechazar todas las demandas del FMI y de los acreedores externos. Como Brasil bajo el entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva en 2002, Argentina tiene que emprender un tercer camino, mediante un programa de ajuste y reformas de origen local que ponga más énfasis en proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Con apoyo suficiente de la ciudadanía local, ese programa daría a Argentina un sendero compatible con los mecanismos de estímulo fiscal, con el cual encarar la recuperación en cooperación con los acreedores y con el FMI.
En vista de la desaceleración de la economía global y del riesgo creciente de volatilidad financiera en todo el mundo, no hay tiempo que perder. Todas las partes con intereses en Argentina tienen algo que aportar para evitar que se repitan la depresión y el default caótico de principios de este siglo. Gestionar una recuperación estimulada por el propio país no será fácil, pero es posible, y es mucho mejor que las alternativas.
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