El Supremo establece un periodo mínimo de un año en el impago de una hipoteca para proceder a un desahucio y siempre que el volumen no pagado supere una determinada cuantía.
Se trata de una decisión coherente con la línea que marca la jurisprudencia del Tribunal de la UE, en la que se considera que los clientes de banca están en situación de desventaja con respecto a las entidades.
Con todo, la plena legitimidad de esta sentencia no impide reconocer que necesariamente tendrá repercusión en los costes del mercado hipotecario. Los bancos han visto crecer sus obligaciones en este ámbito, con exigencias como asumir todos los costes de gestión de dichos préstamos.
Ahora también tendrán que prepararse para afrontar impagos más largos antes de ejecutar una hipoteca, lo que puede encarecer este tipo de crédito.
