Netflix declara en Holanda el 40 por ciento de los ingresos que obtiene a escala global, gran parte de los cuales proceden de Europa. El mecanismo del que el gigante de la televisión de pago se sirve es el habitual en otras multinacionales relacionadas con el sector tecnológico. Se basa en presentar como meras comisionistas a filiales establecidas en países como España.
En consecuencia, esas sociedades no cuentan con más ingresos declarados que los pagos, por prestación de servicios o por licencias para uso de marcas registradas, que reciben de sus matrices, registradas en países de baja tributación como Holanda.
Se dan así situaciones insólitas como que las filiales españolas de Netflix sólo pagan 3.146 euros a Hacienda, pese a que la compañía ya cuenta con millones de usuarios de su plataforma en nuestro país. Este tipo de ingeniería fiscal es completamente legal en la Unión Europea y, a priori, se enmarcaría dentro del legítimo afán de cualquier empresa por reducir al máximo el coste de su factura impositiva.
La ingeniería fiscal permite al gigante de la televisión de pago pagar apenas 3.000 euros en España el año pasado
Sin embargo, el problema estriba en que, como Bruselas señala reiteradamente, todo apunta a que los gigantes tecnológicos se benefician de regímenes fiscales diseñados ad hoc para ellos por países como Irlanda u Holanda, lo que constituye una ayuda de Estado contraria a la libre competencia.
Pero, además, los países de la Unión cuentan con el legítimo derecho de reclamar que toda actividad económica que se desarrolle en su territorio tribute en ese mismo lugar. Es una reivindicación todavía más necesaria en el caso de Netflix, debido a que ya se beneficia de una clara ventaja frente a sus competidores, las televisiones tradicionales, al resistirse a pagar el canon para el mantenimiento de RTVE.
