Si alguien le dijese en plena canícula veraniega que los principales dirigentes independentistas no serán condenados ni por rebelión ni por sedición; que el excomisario Pepe Villarejo podría salir de prisión en las próximas semanas; y que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy puede terminar entre rejas por el Caso Kitchen, pensaría: "este tío se ha vuelto loco".
Pues bien, todo esto lo he escuchado yo de personas honorables, importantes y muy respetables a lo largo de estas últimas semanas. Probablemente, esto me pasa por no haberme ido de vacaciones durante el mes de agosto. Sequía informativa en los medios de desinformación y confidencias calientes en los cenáculos de moda.
De lo que no hay duda es que el frente judicial concentra todo el interés de los señores bien informados. Es como la película de George Lucas, La amenaza fantasma (1999), que como en el dicho popular "no creo en las meigas, pero haberlas las hay".
El caso es que todas estas habladurías tienen su fundamento. Magistrados de prestigio y abolengo expresan en privado sus dudas de que la acusación de rebelión y sedición desde el punto de vista técnico tenga cabida en este proceso contra los dirigentes independentistas. El debate está abierto y hay argumentos para todos los gustos. Precisamente por esto, porque no hay una unanimidad de criterios, al presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se le complican las cosas.
Un juez como MArchena no va a ponerse en riesgo por una decisión no asegurada al 100%
En primer lugar, porque hay un antecedente: el Land alemán, donde negaron la extradición de Puigdemont por tales acusaciones. La justicia inglesa, belga y suiza tampoco parecen respaldar dicha tesis.
Además, hay que tener en cuenta que la sentencia, sea cual sea, será recurrida ante el Tribunal de Estrasburgo. Un juez como Marchena no va a poner en riesgo su prestigio por una decisión que no esté asegurada al cien por cien. Para la Justicia española sería un desprestigio, amén de una deslegitimación, pues de alguna manera la causa del procés es un juicio paralelo a la justicia española a la que se acusa de ser la única institución que no ha hecho la transición de la dictadura a la democracia. Es decir, que sería peor el remedio que la enfermedad.
Ante tal disyuntiva, personas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preferirían una condena por malversación y desobediencia con penas considerablemente más bajas que permitirían a los encausados comer el turrón en casa. Una condena dura, con 15 o 20 años de prisión supondría pasar la patata caliente de tener que aplicar indultos al Gobierno.
Lo mejor para todos es encontrar una fórmula más benevolente, aunque vulnere a las tres derechas
Por ello, lo mejor para todos, menos arriesgada para la justicia y más pragmática para la política, encontrar una fórmula más benevolente, aunque irritara a las tres derechas.
Por lo que respecta a Villarejo, se dice que al parecer se ha producido un error procesal en una de las causas que puede invalidar todo el proceso. Según se dice, la prueba principal contra el excomisario -un pendrive con las conversaciones grabadas- no fue custodiado con todas las garantías que exige la ley. De confirmarse, se resolvería de un plumazo el espinoso caso del BBVA y desaparecería la amenaza que pesa sobre uno de los principales banqueros, Francisco González.
El Caso Kitchen es aún más sorprendente. El hecho de haber imputado a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes por Gürtel ha destapado el tarro de las esencias. Haber utilizado recursos del Estado para investigar al chófer del tesorero del PP, Luis Bárcenas, es algo muy grave que puede salpicar a todo el gobierno de Rajoy. Un asunto inquietante que tiene a más de una atacada de los nervios.
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