El fondo GIP, uno de los mayores accionistas de Naturgy, se ha reunido con Competencia (CMNC) para quejarse por el fuerte recorte que el organismo plantea a las redes de gas. No ha sido el único representante del sector que protesta por este asunto. La patronal Sedigas también ha estado en la CNMC criticando la falta de análisis de su propuesta, al tiempo que Madrileña Red de Gas advierte de una paralización de la inversiones.
La reacción del sector es comprensible ante un cambio normativo que lastra los resultados y la cotización de las empresas. A ello se suma la amenaza que supone que las agencias de calificación revisen el sector. Un empeoramiento de la nota afectaría a la capacidad y coste de financiación de las empresas. De ahí que no pueda extrañar que las gasistas hayan pasado a la ofensiva para presionar al Gobierno que es quien podría suavizar el recorte que Competencia plantea. Es cierto que la revisión de la normativa era esperada al no haberse realizado en 17 años. Pero también es verdad que el hachazo de más de 6.000 millones para las empresas en seis años pone en riesgo la inversión en unas redes que por su antigüedad (antes de 2002) requieren de mantenimiento. Pero, además, debe valorarse que entrar en una guerra con las gasistas generaría una inseguridad jurídica, que podría retraer a los grandes fondos internacionales, que ya tienen preparados unos 75.000 millones destinados a nuestro país, a seguir invirtiendo. Esto dificultaría en gran medida la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima. Por todo ello, es imprescindible alcanzar un consenso. Lo contrario, castigaría a un sector que, además, evita la utilización de fuentes energéticas mucho más contaminantes que el gas.
