Nacional

La Abogacía del Estado no ve alternativa jurídica al estado de alarma en la desescalada

  • Ninguna alternativa esgrimida por la oposición habilitan la restricción
Foto: Reuters

La Abogacía del Estado considera que "no existe alternativa jurídica al estado de alarma" que permita restringir la libertad deambulatoria durante el proceso de desescalada emprendido por el Gobierno el pasado 11 de mayo.

El Gobierno ha solicitado tres informes a sus servicios jurídicos sobre las prórrogas del estado de alarma decretado el 14 de marzo ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y también sometió a su consideración el denominado plan de desescalada.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró el pasado miércoles 20 durante el último debate parlamentario sobre la prórroga del estado de alarma que la Abogacía había emitido tres informes en los que planteaba que no había otra opción jurídica para mantener la limitación al derecho de circulación que esa medida.

En el tercero de ellos, realizado ante la prórroga que comenzó el pasado día 11, fecha en la que comenzó ese proceso de flexibilización de las medidas de confinamiento, la Abogacía consideró de "especial relevancia" que quedase "suficientemente justificada" la necesidad de seguir recurriendo al estado de alarma en un escenario de relajación progresiva de las restricciones.

Ninguna de las alternativas esgrimidas por la oposición habilitan a las autoridades a restringir los movimientos de toda la población

El texto completo del informe concluyó que, al ser "imprescindible" seguir manteniendo limitaciones a la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional para contener la pandemia, "no existe alternativa jurídica al estado de alarma" para poder restringir ese derecho constitucional. Según indica, ninguna de las alternativas esgrimidas por la oposición habilitan a las autoridades a restringir los movimientos de toda la población, según los argumentos de los servicios jurídicos del Estado.

En concreto, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública faculta a las autoridades sanitarias para adoptar determinadas medidas "al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro" y "cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad", pero, advierte el informe, no les da potestad para limitar los movimientos de toda la población y en todo el territorio nacional. Tampoco la Ley General de Sanidad ni la más reciente Ley General de Salud Pública permiten esa afección generalizada a la libertad deambulatoria, añade.

Además, las posibles medidas aplicables de acuerdo con esas leyes requerirían una autorización judicial, de acuerdo con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, mientras que en el caso de las que afectan al conjunto de la población es el poder legislativo el que ejerce ese control mediante la autorización al Gobierno para las prórrogas del estado de alarma.

El informe de la Abogacía, firmado por la abogada general, Consuelo Castro Rey, incluyó varias recomendaciones al Ejecutivo para clarificar el contenido del decreto, en especial en cuanto al papel del ministro de Sanidad para determinar los términos en los que se produciría la desescalada, y concluyó que el acuerdo se ajustaba a derecho.

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Sanchez vete ya GENOCIDA
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La abogacía del estado, tele dirigida por el "notable enterrador", no encuentra otra alternativa, hay muchos países que no tienen estado de alarma y lo gestionan mucho mejor que nosotros, sin mantener a la población en arresto domiciliario, sin destruir todo el tejido productivo, España se estudiara en el futuro de "COMO NO SE DEBE HACER LA GESTIÓN DE UNA PANDEMIA".

Puntuación 7
#1
Sean
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Y que va a ver la Abogacía del Estado si es el propio Estado el que la pone ahí!

Puntuación 7
#2
Vicente
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Pues si que son ineptos. !!!Qué falta de imaginación¡¡¡¡

Bueno, quizás no sean muy inteligentes, pero si sean intencionados. Es que no es lo mismo ser inteligente que ser intencionado. Desgraciadamente muchos no saben ver la diferencia.

Puntuación 1
#3
¿Abogacía del Estado o del Gobierno?
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Yo creo que la cuestión no es si existe o no alternativa jurídica al estado de alarma, sino el uso y abuso que se ha hecho del mismo por parte del "Gobierno". Hay que recordar que van cinco prórrogas y algunas de ellas contaron con el apoyo de todas las fuerzas políticas desde el principio hasta que comenzaron, al parecer, los abusos y malos usos del estado de alarma y que fueron denunciados mediante un recurso de inconsttucionalidad por VOX ante el TC. Todavía seguimos esperando una respuesta de ese Tribunal. Además la Abogacía del Gobierno hace "recomendaciones" al "Gobierno" sobre el contenido del decreto, lo cual demuestra que no han sido muy claros a la hora de su desarrollo, y por tanto en su uso.

Puntuación 3
#4