La organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha denunciado en una nota hecha pública que desde el pasado 14 de marzo se están ejecutando ilegalmente en España embargos de cuentas corrientes a miles de automovilistas a los que se les está dejando indefensos y sin recursos en plena crisis del coronavirus.
Según AEA, con motivo de la declaración del estado de alarma el Gobierno suspendió el pasado mes de marzo los plazos procesales y administrativos, y en el ámbito tributario, también suspendió los plazos para ejecutar el cobro de las deudas pendientes de pago, incluidas las multas de tráfico.
Sin embargo, y a pesar de la suspensión, los servicios jurídicos de AEA han podido comprobar cómo los bancos y cajas de ahorro han seguido practicando en plena crisis del coronavirus miles de embargos a automovilistas que, a pesar de ver reducido el saldo de sus cuentas bancarias, no han tenido capacidad para reaccionar.
Y esta irregular actuación de la banca, además de ilegal –señala AEA en su nota- está dejando indefensos y sin recursos a miles de ciudadanos, ya que ni pueden comprobar a qué corresponden los embargos que se les practican, ni tampoco pueden formular ningún tipo de recurso para evitar una actuación que, a todas luces, resulta absolutamente ilegal, dado que los plazos tributarios están suspendidos".
Formulación de alegaciones
Según explica AEA en su denuncia, el art. 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 establece que "los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020."
Sin embargo, según han podido verificar los servicios jurídicos de AEA, desde el pasado 14 de marzo la banca está ejecutando miles de embargos de cuentas bancarias donde se ingresan pensiones, subsidios de desempleo o ayudas familiares, antes de que haya concluido dicho plazo, e incluso sin que hayan transcurrido los 20 días previstos en la legislación tributaria desde que se practica una diligencia de embargo.
