La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, advierte en un comunicado de que las residencias de mayores están desbordadas por una falta de previsión del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus y los servicios funerarios tardan horas en acudir a estos centros, especialmente en Madrid, por la situación de colapso.
CSIF pide al Gobierno que concluya la investigación sobre los cadáveres de personas ancianas supuestamente abandonadas en las habitaciones de estas residencias ante la alarma social generada y lamenta que la ministra de Defensa haya puesto el foco en la actuación de los trabajadores que, por la falta de medios, están viviendo una situación dramática, desde el punto de vista laboral y emocional por los lazos que les unen a las personas a las que cuidan.
Una Orden que las obliga a comunicar de inmediato la imposibilidad de conservar y retirar cadáveres
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una Orden Ministerial de Sanidad que obliga a las residencias de ancianos a comunicar de inmediato a las autoridades de las comunidades autónomas y delegaciones de gobierno la imposibilidad de conservación y retirada de cadáveres por la ausencia de servicios funerarios disponibles derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Además de la imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres, los centros residenciales deberán comunicar de inmediato a las comunidades autónomas así como a la Delegación de Gobierno que corresponda la concurrencia de otras situaciones excepcionales como la incapacidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole, de cumplir especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento.
Establece la Orden que las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio. Realizada la intervención, la comunidad autónoma notificará la situación abordada, medios activados y situación final a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.
No se puede tocar el cadáver
CSIF recuerda en su nota. que a raíz de la propagación del coronavirus, el protocolo dictado por el Ministerio de Sanidad establece que cuando muere una persona el personal no lo puede tocar hasta que llega la funeraria, un servicio que se demora horas por la situación de colapso que de hecho ha motivado la apertura de una morgue en el Palacio de Cristal. Durante ese tiempo, los compañeros de habitación son desalojados.
Señala el sindicato que en las residencias privadas todavía están más desbordadas por falta de recursos y medios de protección. De hecho, grupos de residencias tienen dificultades para realizar nuevas contrataciones para cubrir las bajas y reforzar sus servicios.
"A nuestro entender, cuando superemos esta crisis habrá que determinar responsabilidades en la gestión de la alarma y abrir un debate sobre la necesidad de reforzar estos servicios sociales, tanto públicos como concertados, elevando los niveles de calidad que exige la ciudadanía, al igual que ocurre en el caso de la sanidad", afirma en la nota.
Residencias intervenidas
La orden también prevé que las comunidades autónomas puedan intervenir las residencias de ancianos en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro con objeto de ordenar el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, así como establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes.
Se podrá designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros
En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados como residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; residentes con síntomas; y casos confirmados, se podrá designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.
A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos materiales y humanos disponibles en el centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los residentes en el mismo.
También, podrán establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes.
Esta actuación será especialmente de aplicación cuando existan pacientes confirmados de coronavirus
Esta actuación será especialmente de aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con pacientes clasificados como confirmados.
Igualmente, comunidades autónomas podrán modificar el uso de los centros residenciales para su utilización como espacios para uso sanitario. Esta actuación será de especial aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con pacientes confirmados.
Finalmente, los centros quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma que podrán realizarlas en cualquier momento y están autorizados para ordenar actuaciones destinadas a cumplir con las normas.
Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar, en su esfera específica de actuación, las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente Orden.
