La crisis del coronavirus ha puesto en entredicho la gestión de las residencias de ancianos en España, el colectivo más afectado por esta pandemia, tras registrar un gran número de fallecimientos en algunos de los centros de las regiones más afectadas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. En España, hay unas 5.417 residencias de ancianos, que tienen capacidad para 372.985 personas, según los datos recopilados por el CSIC correspondientes a 2019. De esta cantidad, el 73% de las plazas son privadas, aunque el porcentaje varía en función de la autonomía. Esto también ocurre con las inspecciones que se realizan en este tipo de centros, donde cada comunidad autónoma cuenta con una regulación específica al respecto.
En este sentido, Madrid es una de las regiones más avanzadas en este sentido y desarrolla desde el año 2009 un plan anual de inspecciones a las residencias de mayores. Bajo la batuta de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, los inspectores tienen la obligación de vigilar al menos una vez al año cada una de las 425 residencias de mayores de la Comunidad. Así, los inspectores del Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (Cira) son los encargados de comprobar el estado de estos centros y del trato que reciben los ancianos. Las infracciones conllevan multas de hasta 660.000 euros y el cierre del centro en cuestión.
Madrid también es una de las más transparentes ya hace unos meses hizo públicas los nombres y motivos de los centros que fueron sancionados entre 2014 y 2018 –ninguno de ellos es de los que ha registrado enfermos o fallecidos por coronavirus hasta la fecha–. En total, 130 centros sociales fueron multados: 96 fueron residencias de ancianos, 6 centros de día y el resto eran residencias ilegales cladestinas.
País Vasco y Cataluña
También es reseñable en cuanto a número de ancianos afectados el caso de País Vasco, donde la residencia Sanitas San Martín (Vitoria) ha registrado ocho fallecimientos en apenas doce días y la previsión es que cifra aumente ya que cuenta con otros 45 pacientes más infectados. En esta región el pasado verano entró en vigor un nuevo decreto de centros residenciales para personas mayores que "garantiza un mayor bienestar y una correcta atención de las personas mayores y regula los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir todos los centros públicos y privados", explicó la consejera de Empleo y Políticas Sociales de la región, Beatriz Artolazabal, en la presentación. En el caso de esta región, su regulación establece la obligación de realizar una inspección a este tipo de centros una vez al año, pero esta frecuencia se podrá ampliar cuando lo considere oportuno o si hay una denuncia que así lo aconseje.
Por otro lado, Cataluña es la segunda región de España con más personas afectadas por el coronavirus hasta la fecha, el patógeno que ya se ha llevado la vida de varios ancianos en residencias de esta comunidad. En esta región, todos los centros de ancianos reciben también inspecciones con cierta regularidad. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, en solo un año la Generalitat detectó graves irregularidades en casi el 10% de las residencias de ancianos en Barcelona (en 2018 hubo 317 inspecciones a los 260 geriátricos de la ciudad). Estas irregularidades pasaban por no dar la alimentación correcta a los usuarios (9%), no dispensar la medicación que necesitan los internos (11%), incumplir las condiciones de salud e higiene (21%) o inmovilizar las personas mayores sin que nadie lo haya prescrito (7%), entre otros motivos.
