El Día de los Inocentes de 2013, UGT-Andalucía presentaba una querella contra Roberto Macías, extrabajador del sindicato durante seis años. Le imputa "robo de información y revelación de secretos", a la par que le pide, como acusación particular, 60.000 euros de multa y cuatro años de cárcel; la Fiscalía se queda en tres. Macías se reclama como alertador, que no denunciante, en la 'Operación Cirene' o caso de las facturas falsas de UGT-A, cuyo presunto fraude, con subvenciones de la Junta mediante, alcanza, según el peritaje, un desvío de 41,7 millones de euros, cifra que podría incrementarse hasta los 60. El juicio, previsto para este jueves a las 9.30, se ha suspendido tras la renuncia formal del letrado del querellado apenas hace 48 horas. Sevilla, que hace nueve días vivió de primera mano la sentencia del mayor caso de corrupción de la democracia, los ERE fraudulentos, tendrá que esperar ahora en otro proceso que acapara también sus miradas.
El sindicato alega que su denuncia llegó con anterioridad a la testifical del acusado, negando así una suerte de 'caza de brujas', a la que Macías se agarra. La Policía ha acreditado que el volcado de archivos se produce con posterioridad a su despido. elEconomista.es ha hablado con ambas partes y con un abogado experto en Derecho Laboral con el fin de sembrar certidumbre en un sendero que, a priori, se podría interpretar como el sindicato que quiere encarcelar al trabajador.
Las uvas que daban la bienvenida a 2014 le supieron amargas a Roberto Macías. Tres días antes la UGT-A se querellaba contra él. El sindicato interpretaba que su exempleado, despedido en 2012, junto con otros 27 compañeros con arreglo a la Reforma Laboral de Rajoy, a razón de 20 días por año, "había sustraído documentación, copiando masivamente archivos del sindicato", explica a este medio Germán Fernández, abogado del sindicato, y agrega que "hablamos de 32 carpetas de información muy variada, sujeta a protección de datos". Lo cierto es que la Policía acredita que el volcado se produce con posterioridad al cese del denunciado; mientras que éste, en declaraciones a elEconomista.es, sostiene que era tenedor de la documentación "por cuestiones de trabajo".
"Que yo tenga las llaves de una casa no me autoriza a entrar, aunque dentro haya algo ilegal"
Como parte desinteresada en este conflicto, Carlos Cervera, experto en Derecho Laboral y letrado en Quality Lawyers, indica que "bajo mi criterio jurídico, si el acceso es con posterioridad al despido es absolutamente ilegítimo y claramente revelación de secretos. Es como el que se va al cajero y usa el pin de un familiar porque se lo sabe. Que yo tenga las llaves de una casa no me autoriza a entrar, aunque dentro haya algo ilegal. Si estoy convencido he de ir a la policía, decir que hoy, a esta hora y en este ordenador está pasando esto".
Tras la presentación de la querella, el 14 de enero de 2014 tiene lugar el registro del domicilio de Roberto Macías, quien comparecería en la UCO 24 horas después. En la cronología se hace fuerte el sindicato, "nuestra denuncia es antes de que testifique", echando así por tierra sombras de dudas sobre lo que Macías ve como "cacería" en una causa judicial, la del presunto fraude de UGT-A con subvenciones de la Junta para desviar dinero a las cuentas del sindicato, iniciada en 2013 tras filtraciones en medios de comunicación y en la que la Audiencia de Sevilla también aparta a Mercedes Alaya, que instruyó los ERE fraudulentos, de su investigación al entender que no está ligado el asunto a los ERE. A día de hoy, los exlíderes Manuel Pastrana o Francisco Fernández están imputados, si bien Pastrana, quien se encontraba de mariscada en Sudáfrica cuando UGT-A despidió a los 28 trabajadores, no se le ha tomado nunca declaración. Sus defensas las paga el sindicato. El sindicato no depuró responsabilidades, dando por finiquitada su investigación interna.
"¿Qué ha denunciado Roberto Macías?": "Yo soy alertador"
"No lo consideramos denunciante de corrupción. No denunció nada. Se lo encontró la policía", se pronuncian tajantes fuentes de UGT-A consultadas por este periódico. Por su parte, Macías se reafirma en su papel de "alertador", figura que, tal como explica Cervera "no contempla la ley". A Macías lo requiere la Guardia Civil "por la alarma generada en medios y le expongo lo que he ido apreciado".
Para el letrado Carlos Cervera, "comparecer como testigo es dar verdad, no revelar ningún crimen. Denunciante y labor testifical son posiciones jurídicas absolutamente distintas. A Roberto no lo echan por coger facturas para demostrar conductas delictivas". Esto entronca con la reciente publicación en el Boletín de la Unión Europea de la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, que exige, no en vano, acreditar la presunta infracción a quienes no toleren el delito a su alrededor.
En cualquier caso, desde UGT-A, que reclaman para sí la presunción de inocencia en la causa, toda vez que da la sensación de que 'visten' al querellado de 'presunto culpable', son incapaces de demostrar que Roberto Macías haya obtenido rédito crematístico alguno. Para Germán Fernández "él ha podido ser quien, en mi opinión, haya filtrado documentos a los medios". Cierto es que no todos los delitos comportan un presupuesto de lucro como característica indispensable para elevarse a tal plano. "La estafa requiere lucro, las lesiones no. La revelación de secretos aquí es clara. No ha sido coger un material y llevarlo a la comisaría. Se ha encontrado tras ser despedido y con acceso posterior al cese de obligaciones mutuas. Y las posibles buenas voluntades, si las hubiese, tienen sus plazos y procederes legales", ilustra Cervera.
¿Pero qué sabe Roberto Macías?
Más allá de los 426 archivos hallados en su ordenador en el registro policial, Roberto Macías aporta más datos sobre la presunta malversación de UGT-A. Según manifiesta a este medio, "me pedían unas facturas de unos servicios que no se correspondían. Me veo en una situación delicada y 'lo das por válido'. Se generan unos saldos muy elevados con los proveedores. Se encargan 5.000 CDs para un programa de Prevención de Riesgos Laborales y en la factura venían 10.000". Pero va más allá y desvela que "se encargó un software para controlar la contabilidad paralela y así los líderes del sindicato controlaban sus mordidas; puedo confirmar que recibían sobresueldos. Hay un entramado diseñado para encarecer las acciones formativas, aunque en paro seguimos disparados en Andalucía, con un beneplácito de la Junta en pos de la paz social"
Por ahí, el único dato de cantidad devuelta por el sindicato son 25.500 euros, que corresponden a una factura de la Feria de Sevilla, que según Macías "coló el sindicato", de una comida con mujeres en un acto del PSOE en Jaén. UGT-A, interrogada por este medio, echa balones fuera y zanja que "es un tema puramente administrativo. Se ha entendido que no estaban debidamente justificados". Fin.
"UGT es una institución de derecho público y todas esas cuentas, supuestamente desveladas por Roberto, son públicas"
Esta semana ha supuesto un notable desgaste emocional para Roberto quien, a sus 39 años y con dos niños menores, se veía ante el precipicio que avisaba grilletes. Sin embargo, un acontecimiento de última hora ha cambiado los planes establecidos por el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla. La defensa de Macías abandonaba; el nuevo abogado esgrimía en declaraciones a este medio que "UGT es una institución de derecho público y todas esas cuentas, supuestamente desveladas por Roberto, son públicas. No se ha vulnerado ningún derecho fundamental". La suspensión de la vista, y la consecuente dilatación en el tiempo, mantiene viva la petición de que se retire la acusación particular. En ese sentido, la sociedad civil recoge rúbricas en Internet, de las que el sindicato alega "no tener constancia oficial". Pero sí la tienen de una misiva con acuse de recibo de un afiliado, a la que ha accedido elEconomista.es, donde se inquiere "¿qué intereses extraños pueden esconderse con esta querella?".
La carta ha obtenido respuesta por UGT-A que no duda en afirmar a este medio que "no retirará la querella. No hay razón para modificar nuestra posición". Por ahí, fuentes sindicales concluyen que "aunque nos fuésemos, la petición de la Fiscalía seguiría…" Finalmente, un "amargado", pero no sentenciado Macías expele su último canto; "creo haber hecho una aportación al interés público, pero soy tratado como un delincuente. Mi condena vendría muy bien a un sistema que conmigo ha intentado acallar la alarma social generada en 2013".
