La violencia contra la mujer no entiende de estratos culturales ni económicos. De hecho, no existe un perfil sociodemográfico que dibuje al tipo de mujer víctima de este problema. Sin embargo, el desempleo y la precariedad económica aparecen en los estudios recientes como factores determinantes de esta lacra social. Por eso para solucionar este conflicto o para agilizar que la mujer supere esta situación hay que tomar medidas en esa línea. El informe anual realizado por la Fundación Adecco señala que el 72% de las víctimas de violencia sexista han sufrido precariedad económica y el 66% de las mismas se encontraban en desempleo en el momento en que experimentaron la violencia.
Este lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las entrevistas realizadas por Adecco a 160 mujeres víctimas de violencia de género y los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa del INE y del Consejo General del Poder Judicial moldean una radiografía con luces y sombras acerca del 'estado de la cuestión'.
Denuncias y sentencias condenatorias, al alza
Por una parte, las denuncias continúan al alza -en 2018 se registraron en los juzgados casi 167.000, un 34% más que hace cinco años-, lo que significa que las afectadas han ganado confianza en el sistema y acuden a solicitar ayuda a los agentes de seguridad y los judiciales. Un 62% también admite que les costó identificar que estaban inmersas en un escenario de violencia.
Además, en este mismo año, el 70% de las sentencias fueron condenatorias para los acusados, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, los tiempos que emplean las víctimas en denunciar siguen siendo muy dilatados: casi el 38% deja pasar cinco años o más hasta que acude a un juzgado o a la comisaría de Policía. El motivo al que se refieren para explicar esta tardanza, según la encuesta realizada por Adecco, pivota entre el miedo a la reacción del agresor y el desempleo o la situación de precariedad económica.
Un 66% de ellas se encontraba sin trabajo cuando padecieron el problema, y más de la mitad había superado el año en el paro. Además, el el 20% de las víctimas empleadas en ese momento indica que se trataba de una ocupación reciente, en la que aún no cumplían los 12 meses. La precariedad económica atraviesa el eje de esta grave circunstancia, ya que hasta el 72% la experimenta y un 85% asegura que tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Seis de cada diez mujeres considera que, de haber tenido un empleo al ser víctimas de violencia, todo hubiera sido diferente
El trabajo resulta un factor de inseguridad en un escenario de violencia contra la mujer, pero la otra cara evidencia que en él se aloja parte de la solución. Seis de cada diez de las mujeres encuestadas considera que, de haber tenido un empleo al ser víctimas de violencia, todo se hubiera desarrollado de un modo diferente. Además, a casi el 70% de ellas, el trabajo les ha ayudado a superar el conflicto en el que vivían.
El empleo también resulta capital para las afectadas por la violencia sexista para incrementar su autoestima -el 44% relaciona ambas variantes-, seguridad -48%- y ver su autonomía incrementada -74%-.
Desconocimiento de sus derechos laborales
En el caso de tener empleo, el informe de Adecco refleja el desconocimiento que existe entre las víctimas en relación a sus derechos laborales específicos, regulados por la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Así, un 49% no es consciente de que tiene derecho a reducir su jornada laboral, a la movilidad geográfica con un cambio de centro de trabajo si así lo desea o a que sus faltas de puntualidad o de asistencia debido a sus condiciones físicas o psicológicas derivadas del problema se encuentren justificadas.
Las afectadas también tienen la opción de suspender la relación laboral temporalmente con la reserva del puesto, el derecho de extinguir su contrato por propia voluntad o el de la nulidad de su despido. Más del 80% de las mujeres que han padecido violencia de género no se ha acogido a ninguno de estos derechos profesionales.
