Barcelona
Nuevo macroplan económico del Govern. En esta ocasión, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado una estrategia para movilizar 1.400 millones de dinero público y privado con el objetivo de impulsar la adopción del vehículo eléctrico en Cataluña.
En 2024, las matriculaciones de vehículos eléctricos apenas llegaron al 15% en Cataluña. Sin embargo, el Govern quiere alcanzar el 40% en solo cinco años. O lo que es lo mismo: 150.000 coches electrificados para 2030. Este parque móvil representaría un ahorro de 470.000 toneladas de CO2 y situaría Cataluña en línea con los objetivos de transición europeos.
El PSC también se plantea un reto mayúsculo respecto a la red de recarga. Si hoy solo existen 9.000 electrolineras en la comunidad, el Ejecutivo autonómico pretende contar en 2030 con 45.000 puntos de carga, esto es, cinco veces más.
"Para descarbonizar el sector de la movilidad, la solución se llama vehículo eléctrico. No hay vuelta atrás", ha declarado Illa este lunes en un acto en Barcelona junto a los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Miquel Sàmper, así como distintos representantes del sector como Wayne Griffiths, consejero delegado de Seat y Cupra.
El primer directivo de la marca de automoción ha felicitado a Illa por "dar un paso muy importante hacia el futuro de la movilidad". "Estamos en un momento clave y nuestro país se juega mucho. No podemos poner en riesgo una industria tan importante para la economía y el empleo en España. La electrificación es el camino, y no hay marcha atrás", ha declarado tras la celebración del acto.
Infraestructura de carga
El plan del Govern pretende superar los principales obstáculos para el uso de los coches eléctricos, que son el precio (28%), la infraestructura (28%) y la autonomía (20%), según ha detectado la Generalitat.
Para lograrlo se han diseñado distintas medidas cuya financiación no solo depende de la Generalitat sino también del Estado. Así, de los 1.400 millones de euros una parte sustancial está vinculada al Plan Moves III, cuya prórroga decayó del decreto pactado entre Junts y el Gobierno aunque se hallaba dentro del decreto ómnibus original; se prevé que se recupere próximamente con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En este contexto, la Generalitat no ha aclarado qué tipo de incentivos fiscales formarán parte del cóctel de ayudas ni qué parte del pastel será asumida por el sector privado. En los próximos meses se irá redondeado la estrategia, sostienen fuentes del Govern.
Una de las políticas previstas es la instalación de 9.000 puntos de recarga, cuyo despliegue pilotará la empresa pública L'Energètica. Los primeros 5.000 alimentarán la flota propia de la Generalitat y serán de carga lenta (hasta 7,4 kW). Esta primera fase requerirá una inversión aproximada de 150 millones de euros. La Administración autonómica cuenta hoy con unos 4.000 vehículos de los cuales este año 820 ya serán eléctricos o híbridos.
En una etapa posterior, se desplegarán 4.000 puntos de carga semirrápida (hasta 30 kW) en edificios públicos como hospitales y universidades. Estos sí serán de acceso a la ciudadanía. En una tercera y cuarta fase se estudiará la colocación de puntos de carga rápidos y ultrarrápidos en la red viaria y destinados al suministro de autobuses eléctricos, respectivamente.
En paralelo, L'Energètica diseñará una plataforma única para garantizar que todos los usuarios puedan usar los cargadores con independencia de cuál sea su fabricante. De esta forma se facilitará la experiencia del usuario, que podrá abonar el servicio sin darse de alta ni descargar ninguna app.
Créditos para pymes y autónomos
Por otro lado, el plan prevé el reparto de créditos a particulares y empresas por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Se pondrá en marcha una línea de 200 millones para micropymes y autónomos, y otra de 240 millones para flotas empresariales, especialmente las que se hayan visto afectadas por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.
Los préstamos bonificados estarán disponibles a partir de 2026, tendrán una carencia de seis años y un importe máximo de 60.000 euros por vehículo.
