Barcelona
El Ministerio de Industria investiga las ayudas concedidas a QEV en la primera edición del Perte VEC. El departamento dirigido entonces por Reyes Maroto otorgó más de 22 millones de euros en subvenciones directas y casi 2 millones en préstamos a la automovilística que debía reindustrializar la antigua fábrica de Nissan en Barcelona de la mano de Ebro. Dos años después, la compañía ocupa un papel tangencial en el proyecto con la entrada de Chery y la administración ha abierto un expediente por inconsistencias en la documentación recibida. Mientras, la empresa se ha visto abocada a solicitar el preconcurso de acreedores y presentar un ERE para el 30% de la plantilla.
Fuentes del Ministerio que hoy lidera Jordi Hereu señalan a elEconomista.es que se han detectado irregularidades en parte de la documentación remitida por el fabricante y que se ha abierto un expediente informativo que, hoy, todavía no está cerrada, por lo que declinan ofrecer más detalles. Voces cercanas a la compañía sostienen que la incorrección está localizada en un solo documento y que se debió a un error humano. Además, se muestran convencidas de que la organización era totalmente elegible para los fondos europeos y defienden no haber cometido ningún fraude.
Sin embargo, en una nota depositada en el Euronext, donde cotiza tras fusionarse con la SPAC de AZ Capital y STJPartners, admite que el procedimiento podría obligarle a devolver los casi 25 millones percibidos o incluso provocar una multa de las autoridades. Es, además, la primera investigación acometida sobre los fondos repartidos con el Perte para un proyecto en el que tanto el Estado como la Generalitat ayudaron a movilizar los avales bancarios necesarios para que fueran concedidos.
Pero la investigación ya ha tenido consecuencias en la realidad de la organización, a pesar de no estar todavía resuelta. Socios y acreedores se niegan a poner más financiación en la automovilística, que iba a ensamblar sus vehículos bajo la marca Zeroid, hasta que no haya una solución positiva. Por ello, QEV ha tenido que acogerse al preconcurso y afrontar una reestructuración de su estructura.
El movimiento ha venido acompañado de la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 26 de sus 80 trabajadores, el 32% de la plantilla. Las mismas fuentes señalan que el grupo tiene vocación de mantener su actividad, aunque con un menor tamaño, y atender a los concursos ganados, como un contrato de 100 autobuses eléctricos en Rumanía.
Tampoco renuncia a la línea de producción que tiene reservada en la antigua Nissan Zona Franca a pesar de que Chery exigió trabajar solamente con Ebro –este conglomerado también ha retrasado sus planes de producción-. Queda por ver cómo queda esta concesión tras la investigación de Industria.
Tras la presentación del ERE, QEV ha convocado una junta de accionistas extraordinaria para el 4 de diciembre en el que informará de la situación de la compañía y les instará a participar en un nuevo préstamo convertible para financiar las operaciones. De no lograr este capital, o una exitosa reestructuración, la firma admite que se verá obligada a entrar en concurso.
¿De quién es QEV?
Entre los grandes accionistas de la organización destacan el propio equipo directivo (que rondaba el 11% antes de la salida a bolsa), el fondo GAEA-Inveready, en el que están presentes familias vascas como los Ybarra Careaga, tenía más del 28% y el colombiano Frank Kanayet sumaba el 15%. La familia Salvo a través de la valenciana Power Electronics tenía el 7,2%. En el siguiente escalón estaban dos entidades públicas, el Banco Europeo de Inversiones (7%) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) (6,3%).
Desde el debut bursátil -hace un año- los equilibrios podrían haber cambiado. Principalmente porque se hizo a través de una fusión con la SPAC que AZ Capital tenía registrada en el Euronext. Entre los accionistas de este vehículo, según publicó El Confidencial, estaban la familia Entrecanales (Acciona), los Andic (Mango) y parte de la saga propietaria de la papelera Miquel y Costas, que abandonaron el capital con la salida a bolsa.
