El pasado 1 de enero de 2023, un total de 151 ciudades españolas debían implementar sus propias Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), al estilo de la antigua Madrid Central o de la Zonas de Bajas Emisiones del Área Metropolitana de Barcelona. Dado el incumplimiento de la mayoría de ayuntamientos (por dejadez o por dificultades), el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que regulaba estas zonas, otorgando una prórroga a los municipios para cumplir con la norma. Pues bien, el pasado 30 de junio concluyó ese segundo plazo, y de las 151 ciudades, únicamente 19 funcionan a día de hoy.
Así lo ha denunciado Clean Cities, una campaña formada por más de 70 organizaciones de ámbito europeo que persigue la movilidad urbana con cero emisiones para el año 2030. Según su análisis, 113 ZBE se encuentran en tramitación. Pero lo más alarmante es que 20 se sitúan en la "desobediencia total".
"Los impactos negativos del cambio climático se viven muy de cerca en las ciudades. Esperamos que las advertencias, las multas o las condicionalidades económicas sirvan para que nuestro municipios avancen en hacia espacios más habitables y saludables, empezando por reducir las emisiones del tráfico y reconfigurar y naturalizar el espacio público en pro del bienestar y la calidad de vida de todas las personas", indican sus representantes en un comunicado emitido este lunes.
De acuerdo con el mapa de ZBE elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), actualmente se encuentran vigentes las ZBE de los siguientes municipios:
- A Coruña
- Almería
- Badalona
- Barcelona
- Cartagena
- Córdoba
- Cornellà de Llobregat
- Elche
- Esplugues de Llobregat
- Estepona
- Guadalajara
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Línea de la Concepción
- Madrid
- Pamplona
- Pontevedra
- Rivas-Vaciamadrid
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Joan Despí
- Sevilla
- Torrejón de Ardoz
- Zaragoza
Fondos europeos en riesgo
Para esta red de organizaciones de ámbito europeo, este incumplimiento generalizado se explica por la falta de interés, la desafección y la utilización político-partidista. Todo ello cuando los responsables locales conocen desde hace más de tres años la obligatoriedad de implantar una medida de estas características.
"La desobediencia ha sido manifiesta desde el principio. Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando más espacio a las personas y la naturaleza", señalan.
Según argumentan desde Clean Cities, el Plan de Recuperación puso sobre la mesa 1.500 millones de euros para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y otras medidas de movilidad sostenible. Y mientras que muchos consistorios las han aprovechado, otros las están poniendo en peligro. "Prórrogas, modificaciones de proyectos, no utilización, etc. Una serie de decisiones que podría suponerles, y por ello apelamos a su responsabilidad, multas económicas que lastrarían las arcas municipales y darán una imagen exterior negativa".
