
El despegue del coche eléctrico en España avanza a trompicones. La transformación que están llevando a cabo los fabricantes no se ha logrado trasladar a la demanda.
Y eso que España es uno de los mercados que cuenta con mayor número de ayudas e incentivos públicos. No obstante, los principales escollos para lograr una mayor penetración del vehículo eléctrico son el nivel de renta y el diseño de las ayudas públicas, según el informe eReadiness 2023, elaborado por PwC.
El estudio analiza, a partir de una encuesta a más de 12.500 consumidores, cómo los propietarios de vehículos eléctricos (tan solo el 6% de los consumidores encuestados) son un 51% hombres y un 49% mujeres, urbanos, con aparcamiento privado en casa, una edad media de 43 años, y con un poder adquisitivo que se concreta en unos ingresos medios brutos anuales de 91.000 euros. El 86% de los consumidores que ya cuentan con un coche eléctrico utiliza su vehículo privado para desplazarse al trabajo una media de 4,4 días a la semana y recorre una distancia de 23 kilómetros. Suelen cambiarse de vehículo cada 5,9 años de media y el 62% asegura haber aprovechado alguna ayuda pública para comprar su vehículo.
Los futuros compradores de vehículos eléctricos, aquellos que se han mostrado partidarios de comprar un coche eléctrico en los próximos cinco años, representan el 62% de los consumidores entrevistados. En este caso, su perfil responde en un 53% hombres y un 47% mujeres, de 42 años, con unos ingresos medios brutos anuales de 74.000 euros, inferiores a los de los propietarios. Son urbanos, utilizan el vehículo para ir a trabajar 4,2 días a la semana, recorren 28 kilómetros diarios y se cambian de vehículo cada 8,1 años.
Los consumidores escépticos con el vehículo privado, por su parte, son el 32% de los encuestados y aseguran no tener intención alguna de hacerse con un coche eléctrico en los próximos cinco años. Son en un 44% de hombres y en un 56% mujeres, con una media de edad de 49 años, y con un poder adquisitivo que se sitúa en los 49.000 euros brutos de media al año. Son menos propensos a cambiar de vehículo -9,8 años de media, y entre los principales motivos de su escepticismo se encuentran los tiempos de carga, el alcance limitado de los vehículos, la incertidumbre sobre el tiempo de vida de las baterías y el precio superior en comparación con los automóviles de combustión.
Nivel de electromovilidad en España
España tiene un índice de madurez de la electromovilidad poco preparada, con un valor de 2,2 puntos sobre 5, siendo este muy preparado. Hong Kong, Noruega y China son los mercados punteros en relación con el vehículo eléctrico, con unos índices de madurez del 4,2, 4 y 3,6 puntos, respectivamente.
En España llama la atención a pesar de ser uno de los mercados que cuentan con un mayor número de ayudas e incentivos públicos. Manuel Díaz, socio responsable de automoción en PwC, explica que "esta paradoja tiene que ver con la complejidad y la dificultad para recibir la ayudas como consecuencia de que, en la mayoría de los casos, estamos hablando de un sistema de concesión de ayudas poco eficiente, en el que estas llegan mucho después de la adquisición del vehículo y que están, vinculadas, en muchos casos a desgravación en el impuesto sobre la renta". De hecho, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, se ha comprometido a que los consumidores que se beneficien del plan Moves III cobren las ayudas en el momento de la compra del vehículo y no con una demora que, en algunos casos, llega hasta los dos años. Una medida que no se pudo llevar a cabo cuando se presentó este plan, dada la falta de liquidez de los concesionarios tras la salida de la pandemia.
En lo que a puntos de recarga se refiere, la infraestructura es otro punto de mejora. Y es que España contaba al cierre del primer semestre del año con un total de 22.760 puntos de recarga públicos, según datos del Barómetro de la electromovilidad de Anfac. Pero en total hay instalados 29.464 puntos de recarga en España. Es decir, hay 6.704 puntos de recarga públicos, más de uno de cada cuatro, que no están operativos por problemas burocráticos.