Bruselas
La polémica normativa Euro 7, que busca elevar las ambiciones de reducción de emisiones de turismos, furgonetas y autobuses a partir de 2025, atenderá a las reclamaciones de la industria del automóvil. Los ministros de Industria de la UE han pedido este lunes rebajar sus estándares en lo que atañe a la entrada en vigor de la regulación y sus objetivos. Una postura que atiende a las quejas que han venido haciendo países como Rumanía, pero también el propio sector de la automoción.
Concretamente, los países de la UE han pedido que se retrase de dos años la entrada en vigor de la nueva normativa: de 2025 a 2027 para vehículos ligeros nuevos y de 2027 a 2029 para camiones y autobuses. Una solicitud que hicieron ya en mayo ocho Estados miembro respecto a la normativa que sustituirá a la Euro 6.
Pero el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Industria de la UE, ciertamente, responde a las quejas que había manifestado el sector del automóvil. Es así que relaja las ambiciones de la propuesta original del Ejecutivo comunitario en lo que respecta a emisiones, para dejar los límites que fijaba la normativa Euro 6 para turismos y furgonetas, aunque no es ese el caso de los vehículos pesados.
El texto, sobre el que el Parlamento Europeo debe aún posicionarse para iniciar las negociaciones finales, tiene como finalidad dibujar una transición para la reducción de emisiones de los vehículos hasta la entrada en vigor en 2035 de la normativa que veta la venta de vehículos de combustión. Además, abarca por primera vez a vehículos ligeros y vehículos pesados al amparo del mismo texto y afecta no sólo a las emisiones del motor sino también a frenos y neumáticos.
La normativa contempla requisitos mínimos de rendimiento para la durabilidad de las baterías de los coches eléctricos e impone requisitos más estrictos sobre la vida útil de los vehículos. El reglamento también prevé el uso de tecnologías avanzadas y herramientas de control de emisiones.
A este respecto, el ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha puesto en valor que " la presidencia española ha sido sensible a las diferentes demandas y peticiones de los Estados miembro" y ha opinado permitirá dar respuesta a las necesidades de la industria europea para que mantenga su competitividad a nivel mundial.
Algo especialmente importante en un momento en el que Estados Unidos ha dotado a su industria de vehículos de un paquete de subsidios y China hace lo propio con su sector del automóvil.
La postura de la automoción
Los principales grupos automovilísticos se han pronunciado en contra de Euro 7. Entre sus principales alegaciones destaca que la reducción de emisiones con esta normativa tan solo sería de cuatro puntos porcentuales frente a la normativa actual.
Tal cifra, consideran, no mejoraría sustancialmente las emisiones ni la calidad del aire, pero elevaría los costes. Según los cálculos que arroja la automoción europea, adaptarse a la normativa costará entre 20.000 y 35.000 millones de euros y los vehículos se encarecerán más de 2.000 euros.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) consideraron la postura de los países de la UE "mucho más sensata" que la planteada en un principio por Bruselas. Una propuesta que tildaron de "desproporcionada".
Lo que han reclamado los países
Fue el pasado mayo cuando Rumanía y otros siete Estados miembro manifestaron su rechazo a la normativa al considerar que eleva las ambiciones respecto a su precedente Euro 6 y desvía a la industria de los objetivos cero emisiones.
Concretamente, Bucarest junto con Francia, Italia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, argumentaron que el endurecimiento de las condiciones, como elevar los límites de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, alejan y distraen a la industria de las inversiones necesarias.
Fue en tal contexto que los ocho países solicitaron que se ampliaran las fechas de aplicación establecidas en la propuesta legislativa, del 1 de julio de 2025 para vehículos y furgonetas y del 1 de julio de 2027 para vehículos pesados. Además, afearon que los requisitos establecidos para los vehículos pesados son demasiado ambiciosos y demandaron categorías diferenciadas.
