Barcelona
Tras haber sellado ya su entrada en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona, QEV y Btech –las dos firmas que integran el d-hub- aspiran a cerrar ya la entrada de nuevos accionistas en su capital que les permita arrancar con la producción en la planta de Zona Franca. QEV se puso en manos de JB Capital, el banco de inversión de Javier Botín, para captar hasta 60 millones de euros. Aspira a cerrar la entrada de un socio en las próximas semanas, pues sobre la mesa tiene varias propuestas, una de ellas de la firma estadounidense Verde Mobility, controlada por el polémico empresario Michael S. Luther.
QEV siempre se enfocó en el mercado internacional para captar el capital necesario para acompañar a los fondos públicos percibidos en el Perte del automóvil y por parte de la Generalitat. Estados Unidos fue prioritario. De hecho, en algunas fases del proceso se llegó a pensar en una hipotética salida a bolsa a medio plazo en el país.
Antes, no obstante, debe cerrar la entrada del socio. Desde la empresa que dirige Joan Orús señalan que todavía existen hasta tres opciones sobre la mesa, aunque otras fuentes sostienen que la propuesta de Verde Mobility, dispuesta a ofrecer hasta 45 millones de euros es la más avanzada y será la opción ganadora. Sea como sea, la firma definitiva no se producirá hasta de aquí varias semanas, cuando todos los accionistas den su visto bueno. Eso incluye al Banco Europeo de Inversiones y al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dos organismos públicos.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, se ha firmado al menos un Term Sheet preliminar con la organización basada en Nebraska, que se comprometió a negociar en exclusividad con QEV y se garantizó el derecho a invertir hasta 25 millones. En las conversaciones se valoró a la empresa de automoción en 155 millones de euros, por lo que de poner los 45 millones propuestos se quedaría con el 29% del capital. La sociedad catalana se guardó el comodín de captar hasta 60 millones.
Verde Mobility quiere que el actual equipo directivo siga al frente de la empresa. Por ello, incluyó una cláusula de hombre clave para Joan Orús en la negociación, para ligar la inversión a la presencia del actual CEO.
¿Quién es Verde Mobilty?
La compañía estadounidense es prácticamente una desconocida en el mundo de la automoción y del private equity. Se constituyó hace solo un año, en febrero de 2022, en el estado de Nebraska y es propiedad de Michael S. Luther, un inversor que se define como especialista en compras apalancadas. Es decir, en adquirir compañías utilizando fondos para financiar la operación que en su mayoría sean instrumentos de deuda.
En su Linkedin asegure haber trabajado para Deutsche Bank y haber asesorado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, pero en su historial también figuran varios enfrentamientos con la justicia a lo largo de los últimos años. Según la información disponible en los registros estadounidenses, en lo que va de siglo ha tenido que pagar más de 10 millones de dólares por sentencias contrarias, varias por daños y perjuicios y otras por motivos tributarios, en varios procedimientos abiertos en Nebraska, Nueva York, California y Wisconsin.
Con Luther aparecen un reguero de firmas vinculadas. En los distintos juicios, quedaron marcadas empresas como Luther Capital Management, Spinnaker Capital Partners, Aden Enterprises, Omaha Automotive Warehouse.
Los accionistas de QEV: de Inveready a familias
La entrada de Verde Mobility –o del inversor que lo sustituya si finalmente no es la escogida- removerá el equilibrio de fuerzas actual de QEV, una compañía que –con la conversión de los diferentes instrumentos de deuda firmados- tiene una valoración pre money de 155 millones de euros.
Bajo este mismo criterio, GAEA-Inveready, en el que están presentes familias vascas como los Ybarra Careaga, es el principal accionista de la firma, pues suma el 28,1% de la empresa. Segundo es el colombiano Frank Kanayet, que tiene el 15%. El equipo directivo que encabeza Orús todavía mantiene el 11,3%.
Queda por saber qué pasará con el 10,9% de Inzile, la automovilística sueca propiedad de Enrique Bañuelos, quebrada el año pasado. Como explicó este medio, su participación está en subasta para pagar a los acreedores y QEV tiene la intención de adquirirla. La familia Salvo a través de la valenciana Power Electronics ostenta un 7,2%.
En el siguiente escalón están dos entidades públicas, el Banco Europeo de Inversiones (7%) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) (6,3%). Les sigue la familia Aboitiz con el 5,3%. El último gran inversor es la sociedad RE Motorsports Investments (4,6%), hoy controlada por Mercè Sánchez Serna, pero hasta 2021 de Miguel Valldecabres, consejero entre 2017 y 2020 y el empresario que compró a Bañuelos la patrimonial que fue matriz de la quebrada Astroc.
