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Fracaso anunciado de la DGT: más fallecidos en julio y la Justicia tumba el sistema CAPA

  • La DGT limita el número de personas que se pueden presentar al examen del carné de conducir mediante el sistema CAPA

Este artículo ha sido realizado en colaboración con Andrés Luis Romera Zarza, auditor de Seguridad Vial.

El mes de julio se ha cerrado con un aumento del 12% en el número víctimas mortales en la carretera respecto a 2019 y la Justicia acaba de tumbar el sistema CAPA de control del número de aspirantes a examen del carné de conducir. En septiembre, el colapso de las autoescuelas está asegurado, al no haber suficientes examinadores, pero la DGT parece no tener ninguna responsabilidad y solo busca seguir recaudando dinero por multas y tasas.

El actual director de la DGT, Pere Navarro, desde que tomó posesión de su cargo, en julio de 2018, se ha preocupado fundamentalmente de aumentar la recaudación por tasas y multas, generando excedentes de tesorería. En vez de invertir dichos excedentes, procedentes de tasas y multas, en seguridad vial como estipula la Ley, los ha transferido al Gobierno.

En el periodo 2018-2021 ha transferido más de 1.000 millones de euros aproximadamente, con una cifra récord de 622 millones en el año 2019. Si hubiera realizado dicha inversión en seguridad vial, a estas alturas del año 2022, tal vez habría solucionado dos de los mayores problemas que tiene: reducir las cifras de siniestralidad vial, que crecieron un 12% en julio y garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar un examen para la obtención de la licencia de conducción.

El primer objetivo de reducción de la siniestralidad vial no se ha conseguido, ya que el cumplimiento de los objetivos marcados en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 ha sido bajo; solo se alcanzó un tercio de los 13 objetivos marcados. La siniestralidad vial en los siete primeros meses del año es la peor de los últimos años.

Hasta el 31 de julio han fallecido en vías interurbanas 607 personas. Esto supone un 10% más que en el año 2019, último comparable previo a la pandemia, y casi un 20% más que en el año 2020.Solamente en este último mes de julio, los fallecidos a 24 horas, en vías interurbanas, han sido 137, un 12% más que en al año 2019 y un 32% más que en el año 2020.

Cifras alarmantes

Como vemos, las cifras son muy alarmantes, ya que la tendencia al alza de los fallecidos en vías interurbanas, ya apuntada en nuestro anterior artículo del 19 de mayo, no se ha reducido a pesar de las mismas medidas de siempre, anunciadas por el ministro Marlaska a bombo y platillo: control de velocidad, lo que supone también más fallecidos.

El segundo objetivo se sigue sin cumplir. Como ya hemos advertido, la plantilla de examinadores es insuficiente desde hace años, lo que ha provocado que la demanda de exámenes por parte de la ciudadanía española no haya sido atendida. Esta situación ha desembocado en que a finales del 2021, aproximadamente un millón de personas estaban pendientes de examen. Esta cifra es conservadora, al ser tenidos en cuenta únicamente los últimos 6 años para el cálculo, como se puede comprobar en el gráfico siguiente.

Si se tienen en cuenta las cifras de aprobados en la prueba de circulación y conducción del permiso de la clase B, correspondientes al último año 2021, en primera convocatoria (47%), en segunda convocatoria (26%), en tercera y cuarta convocatoria (21%) y en quinta o más convocatorias (6%), y se lo aplicamos a los 962.829 no aptos, a finales de 2.021, el número de pruebas de circulación y conducción a realizar en el año 2022 sería de unos 2 millones, aproximadamente.

Si además tenemos en cuenta los no aptos en la prueba teórica del permiso de la clase B (303.875), en el año 2021, con los mismos porcentajes del punto anterior las pruebas a realizar de circulación y conducción serían unas 650.000, aproximadamente.

Pero si tenemos en cuenta además la oferta de empleo público que el Gobierno ha presentado en este 2022, 25.000 plazas aprox., que se presenten una media de 30 aspirantes por plaza, y que la mitad de los mismos no dispongan de permiso de conducción de la clase B, que se exige para muchos de estos puestos, tendríamos otras 375.000 personas. Si aplicamos a esta cifralos porcentajes de los dos puntos anteriores las pruebas a realizar de circulación y conducción serían 700.000, aproximadamente.

12 exámenes diarios

En total, las pruebas de circulación y conducción a realizar estarían comprendidas entre un mínimo de 2.000.000 y un máximo de 3.350.000, aproximadamente. Teniendo en cuenta que los examinadores en la actualidad deben realizar 12 pruebas durante su jornada laboral diaria, el número total de horas necesarias de examinador, para regularizar la situación, estaría comprendida entre 1,1 y 2,3 millones de horas.

La plantilla de examinadores trabaja una media de 1.568 horas al año, por lo que se necesitarían entre 850 y 1.425 examinadores trabajando un año completo para regularizar la situación descrita. Además, se debería de disponer de examinadores complementarios que realizaran el resto de pruebas para la obtención de la licencias de conducción de vehículos ligeros (teórico), vehículos pesados, motos, etc.

Según nota de prensa de la DGT de fecha 8 de junio de 2022, se incorporaron en ese mismo día 60 nuevos examinadores interinos, un tercio de los cuales ya ejercían sus funciones desde el pasado 9 de mayo. En el mes de abril de 2022 se incorporaron 47 nuevos examinadores funcionarios de carrera correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2021, por lo que la máxima cifra de examinadores a fecha de hoy es de 871. Esta cifra podría ser menor, ya que se desconoce las jubilaciones producidas durante el año (a 31 de diciembre de 2021 la cifra de examinadores era de 827).

El número máximo de examinadores efectivos, los que puede realizar las pruebas para la obtención de las licencias de conducción de los distintos tipos, es de 746 a día de hoy, descontados los examinadores que realizan funciones de Coordinador, los que prestan su labor en otros servicios y los que están dados de baja por distintos motivos.

Mientras tanto, la DGT en vez de dedicar dinero a aumentar el número de examinadores, cifra que ha descendido desde los 1.000 examinadores existentes a la entrada en vigor del permiso por puntos, hasta los 746 efectivos en la actualidad, se ha dedicado a inyectar dinero a las arcas del Estado.

150 millones de euros anuales

Un mínimo de 150 millones de euros anuales llegan desde la DGT mediante transferencias que se producen año tras año, en vez de dedicarlo a la seguridad vial, se ha empleado para crear e implantar en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico el sistema CAPA (que filtra a la baja las personas que pueden acceder a la prueba de circulación y conducción, una vez superada la prueba teórica) y no ha habido restricciones económicas.

Como se ve, la plantilla efectiva actual debería aumentar, entre un mínimo de un 20% y un máximo del 200%, para poder regularizar la situación descrita anteriormente y debería de aumentarse la plantilla un mínimo de otro 20%para poder acometerse el resto de las pruebas de las distintas licencias de conducción. Por todo ello, la plantilla mínima debería ser de 1.075 examinadores (975 efectivos descontados los que realizan labores de Coordinador, prestan labor en otros servicios y las eventuales bajas por distintos motivos), y cubrirse las bajas por jubilación según se vayan produciendo.

Mientras tanto la DGT, en vez de aumentar la plantilla de examinadores, se ha inventado una diabólica solución, que adapta la inmensa demanda de exámenes a la escasa oferta de examinadores, mediante la implantación del sistema CAPA, nombre que no sabemos si hace referencia a capar la demanda de exámenes o a tapar, como si de capa de tela se tratase, dicha demanda, desde el año 2020 hasta el presente.

El sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud), según declaraciones efectuadas el 14 de enero de 2.021 por la subdirectora de Formación de la DGT, María José Aparicio, "es un algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráfico", mediante el cual se asigna un cupo de alumnos que puede presentar a examen cada autoescuela adaptado a la capacidad que tiene para examinar cada Jefatura. Todo ello en función de la bolsa total de alumnos, de cada autoescuela, que hayan superado la prueba teórica y que estén en disposición de realizar la de circulación y de la tasa de éxito de la propia autoescuela.

Esta subdirectora pone un ejemplo muy clarificador al respecto donde la autoescuela que mayor bolsa de alumnos preparados tiene, en el ejemplo 505 alumnos (50,5% de los 1.000 totales) y una tasa de éxito 4 puntos por encima de la media, solo podría presentar a examen 101 + 4 =105 alumnos, casi una quinta parte de los que tiene por que la capacidad de exámenes de la Jefatura es solo 200. Lo dicho, una idea maquiavélica e indigna de un régimen de libre mercado donde debe existir elasticidad entre la oferta y la demanda.

Autoescuelas canarias

La Federación de Autoescuelas Canarias (FEACA), la Asociación Canaria de Centros de Formación, la Asociación Provincial de Autoescuelas de las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de Tráfico y Transporte S.L. interpusieron los recursos 171/2.021 y 200/20.21, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid.

El objetivo era ejercitar pretensión declarativa de nulidad de la Instrucción 2020/C-136, del director general de Tráfico, de 29 de enero de 2020, sobre el sistema CAPA. El motivo alegado para la impugnación era que la citada Instrucción 2020/C-136 infringía los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de igualdad y de garantía a la unidad de mercado.

Dicha Sala, en sentencia 361/2.022, de 20 de julio de 2022, estimó el recurso presentado relativo a la Instrucción 2020/C-136 y, en su virtud, declaró su nulidad, con todos los efectos inherentes, condenando a la demandada Dirección General de Tráfico a pasar por ello, con imposición de costas a la citada demandada.

La nulidad de la citada Instrucción 2020/C-136 se dictó, entre otros argumentos porque "la Instrucción limita el número máximo de alumnos que puede acompañar un profesor a examen en jornada ordinaria del examinador, fija un mínimo de participación de las escuelas de la provincia en cada ciclo y un orden de exámenes que favorece a las escuelas con un porcentaje superior de aptos".

En resumen, la Dirección General de Tráfico se ha quedado sin el dique, que camuflaba la carencia de examinadores y perjudicaba a los ciudadanos y autoescuelas por no poder presentarse los alumnos, en tiempo y forma a la prueba de circulación y conducción, ante la citada carencia de examinadores.

Aumentar plantilla

El director de la DGT debería de iniciar de forma urgente un proceso para aumentar la plantilla de examinadores, cosa poco probable vista su actitud de los últimos años. Por ello, el Gobierno debería implementar fórmulas mixtas de participación público-privada en la realización de las distintas pruebas para obtención de todos los tipos de licencias, que adapten la oferta de exámenes a la demanda de los mismos y permita regularizar la situación existente.

Pero conociendo al personaje, lo más seguro es que recurra la sentencia, intentando ganar tiempo, sin hacer nada más, con lo que se puede presentar un otoño muy caliente para el Gobierno, con posibles movilizaciones de las autoescuelas. No hay que olvidar que estas, además, están atravesando una situación crítica por el alto precio de los combustibles.

Sorprende también que el recurso haya sido interpuesto por asociaciones regionales de autoescuelas, y no por la mayor Patronal del sector, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). El presidente de CNAE, en declaraciones realizadas a su propia revista, el 9 de febrero de 2021 indicaba: "CNAE nunca estará a favor de un sistema que limite la actividad de las autoescuelas. No obstante si suprimiéramos el CAPA, el problema seguiría existiendo, y quizá, en mayor medida. Con o sin CAPA, si no hay examinadores suficientes los alumnos y las autoescuelas seguiremos teniendo el mismo problema".

A pesar de estas declaraciones, la CNAE en todo este tiempo no ha sido capaz de obtener por parte de la Administración un aumento de la plantilla de examinadores que permitiera a sus afiliados realizar su labor de forma eficiente. En cambio ha permitido que el sistema CAPA siga vigente hasta la actualidad, teniendo que ser otros los que hayan conseguido de la Justicia una sentencia favorable para revertir la situación insostenible padecida por alumnos y autoescuelas.

Debemos también corregir al presidente de CNAE en su afirmación de que el número de aprobados había aumentado un 10%, ya que el índice de aprobados, en toda España, en la prueba de circulación y conducción en el año 2020 fue del 46% frente al 43% del año 2019, año en el que el CAPA no estaba en vigor, solo un incremento del 3% en el número de aprobados no el 10% indicado, porcentaje ridículo frente al grave trastorno ocasionado a alumnos y autoescuelas.

Estaremos expectantes ante las futuras manifestaciones del presidente de CNAE, y más teniendo en cuenta que la otra asociación del sector Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES), en pleno crecimiento en el número de afiliados, va a sacar una nota de prensa manifestando su satisfacción por la sentencia de anulación del CAPA.

En resumen, Pere Navarro debe preocuparse menos de recaudar y mandar el dinero recaudado al Gobierno para que se lo gaste, en Dios sabe que, y más de gastarse el dinero en seguridad vial, preocúpese más de aumentar la plantilla de examinadores y sobre todo preocúpese de disminuir la cifra de víctimas en carretera por accidentes de tráfico. Esa es su responsabilidad y no ser recaudador del Gobierno.

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