Aunque oficialmente comenzó a estar prohibido acceder al interior del perímetro de la M-30 con un coche sin etiqueta ambiental desde el pasado 1 de enero, no ha sido hasta este 1 de mayo cuando han comenzado a efectuarse multas económicas.
Tipificada como una infracción grave, acceder sin permiso a la Zona de Bajas Emisiones Madrid conlleva una multa económica de 200 euros, que pueden quedarse en la mitad (100) si se abona por pago pronto.
Por el momento, Madrid solo cuenta con 15 cámaras destinadas a esta labor. Estas no serían otras que las instaladas en los conocidos semáforos foto-rojo, los cuales vigilan que los conductores no sobrepasen las intersecciones cuando no deben. Por lo que, ahora, también realizaran esta tarea secundaria.
Los foto-rojo se suelen colocar en las proximidades de los cruces, los puntos donde más accidentes se dan de estas características. Concretamente, a unos 25 metros de la intersección "para permitir encuadrar completamente el paso de peatones y la propia cabeza del semáforo de conductores", indica el Ayuntamiento de Madrid.
En total, estos dispositivos han recaudado 14.819.200 euros en la capital mediante 74.096 multas en el tramo comprendido entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, según datos recogidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Para la nueva labor encomendada por el Ayuntamiento de Madrid, el área de Medio Ambiente y Movilidad indicó el pasado martes que estos quince semáforos pusieron en aquella jornada un total de 900 multas de tráfico por saltarse la normativa de la Zona de Bajas Emisiones.
Se instalarán 110 nuevos radares
No obstante, la tarea de vigilar los 32,5 kilómetros de perímetro que abarca la M-30 no puede hacerse en su totalidad solamente con 15 cámaras que, además, no están ubicadas en sus extremos.
Por ello, el Ayuntamiento va a instalar otras 110 cámaras destinadas a esta tarea. Sin embargo, los nuevos aparatos podrían tardar varios meses en comenzar a funcionar, ya que el área de Medio Ambiente y Movilidad todavía está tramitando la licitación para que sean instaladas. Y una vez realizada la licitación, dispondrá de hasta cinco meses para que las nuevas cámaras comiencen a funcionar.
