Desde que el Gobierno anunció el pasado 29 de marzo que aplicaría un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible, surgieron sospechas de que más de una gasolinera, aprovechando la coyuntura, podría subir los precios y así aumentar su margen de beneficio. Y según parece así ha sido.
La organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a más de 200 gasolineras ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por subir los precios.
En concreto, Facua ha informado de que 208 estaciones de servicio aplicaron un incremento de al menos cinco céntimos, "que es el recorte de márgenes que tiene que aportar el sector", el pasado 1 de abril, día que entraron en vigor los descuentos por el Real Decreto-Ley 6/2022, aprobado por el Consejo de Ministros.
Ante la sospecha de que pudiera darse este caso, la organización vigiló los precios declarados por las gasolineras al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante los días 31 de marzo y 1 de abril. Así, pudieron comprobar la subida de cinco céntimos o más sobre la gasolina 95 en un total de 171 estaciones de servicio.
Sanciones para las gasolineras
En su denuncia ante la Dirección General de Consumo, Facua recuerda que el citado real decreto-ley establece en su artículo 21 que "las autoridades competentes en materia de consumo podrán sancionar las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios relacionadas con la aplicación del descuento".
Por ello, solicita al organismo dependiente del Ministerio de Consumo que ponga los hechos en conocimiento de las autoridades autonómicas de protección al consumidor "para que los investiguen y abran los correspondientes expedientes sancionadores contra las gasolineras donde consideren que se han cometido las citadas prácticas desleales".
Por su parte, en la denuncia ante la CNMC, Facua indica que el Real Decreto-Ley contempla que el regulador "podrá conocer de aquellos actos de competencia desleal relacionados con el descuento que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público".
Ante esto, pide al organismo que preside Cani Fernandez que "evalúe si todas o una parte de las estaciones de servicio denunciadas habrían vulnerado la legislación".
