La electrificación del transporte avanza en Europa a dos velocidades distintas. Prueba de ello son las matriculaciones de vehículos electrificados en Alemania, Países Bajos o Noruega, frente a otros mercados en los que esta penetración va más despacio, como en el caso de España.
No obstante, la electrificación del transporte de mercancías también jugará un papel importante para lograr la neutralidad climática en 2050. El problema para lograrlo en la actualidad es que la transición a una flota de vehículos de cero emisiones en el caso de los camiones todavía requiere de una sólida demanda que vaya acompañada de los instrumentos legales adecuados para acelerar el despliegue de estas nuevas tecnologías.
Así, un informe del Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) al que ha tenido acceso elEconomista, explica que el coste total de propiedad (TCO) de los camiones eléctricos en España alcanzará la paridad con sus versiones diésel en 2026. Todo ello sin la necesidad de introducir nuevas políticas públicas.
La principal adversidad con la que se encuentran en la actualidad este tipo de soluciones es el coste de las baterías. Pero a medida que se vaya recortando este coste, al tiempo que se mejore la densidad energética, el coste total de propiedad de los camiones eléctricos irá reduciéndose. Además, el mantenimiento de los camiones eléctricos se beneficia de unos menores costes de mantenimiento frente a los diésel, lo que también ayuda a reducir la brecha del TCO. Y es que el coste de mantenimiento de un camión eléctrico por cada 100 kilómetros es de 13,24 euros, mientras que el de un diésel asciende hasta los 18,5 euros.
Por todo ello, desde el ICCT consideran que esta equiparación entre ambos tipos de tecnología se alcanzará para mediados de la década, pese a que para entonces los precios del combustible disminuyan y los precios de electricidad aumenten en España.
Otro de los inconvenientes de los que alerta el Consejo es que España es uno de los países europeos que menos recauda por el diésel. Esta situación supone un reto para que los camiones eléctricos alcancen la paridad con los diésel.
Asimismo, el ICCT destaca que para reducir la brecha del coste de propiedad entre ambos tipos de camiones habría que implementar varias políticas públicas. Cabe recordar que en España el último programa de incentivos que incluía subvenciones por la adquisición de camiones eléctricos era el plan Moves II, en el que había primas de hasta 15.000 euros. Por su parte, el plan Moves III, aprobado este año, y que cuenta con un presupuesto de hasta 400 millones de euros ampliables hasta los 800, dejó fuera de estas subvenciones a los camiones.
El Consejo también defiende medidas como la exención de peajes para los camiones eléctricos y la adición de una tasa por costes externos en los peajes de carretera que reflejen las externalidades causadas por las emisiones de CO2, pueden eliminar la brecha en coste total de propiedad entre los camiones eléctricos y diésel.
España, en la media
El ICCT ha estudiado esta situación en siete países europeos con las políticas actuales en cada uno de ellos (Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Países Bajos y Reino Unido). España se sitúa en línea con la mayoría de países analizados. Por el contrario, Alemania y Países Bajos serán los primeros en alcanzar esta paridad, ya que lo conseguirán el año que viene. Le seguirá Francia en 2023 y Polonia, que lo logrará en 2025.
Habrá que esperar a 2026 para que el coste se equipare en Reino Unido, mientras que un año después se prevé que en Italia alcancen también este objetivo.
Toda esta situación se debe a los distintos incentivos llevados a cabo por los Estados para la descarbonización del transporte de mercancías. Sin ellos, Alemania sería el país que más tardaría en lograr estos objetivos, pues tendría que esperar hasta 2029. En España, sin los incentivos actuales, la equiparación del coste total de propiedad se alcanzaría en 2027.
Por otra parte, el ICCT da algunos consejos para reducir esa brecha de coste entre ambas tecnologías. Por un lado, considera que España tendría que implementar la próxima revisión de la Directiva de la Euroviñeta en la legislación nacional, un cargo que oscila entre los 8 y los 16 céntimos por kilómetro, así como introducir una reducción parcial del 75% de los peajes para camiones eléctricos lograría reducir la diferencia. De hecho, si España aplicase esta normativa con un cargo de 16 céntimos por kilómetro, el coste total de propiedad entre ambas tecnologías se lograría el año que viene.
Asimismo, el ICCT cree que habría que habría que ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS) para incluir emisiones del sector del transporte, ya que, hasta ahora, Alemania es el único Estado miembro que impone precios al carbono para el transporte, con un precio de 25 euros por tonelada de CO2, que aumentará hasta los 55 euros en 2025.
Por último, el Consejo considera que los incentivos a la compra de este tiupo de vehículos son una medida "contundente", pero reconoce que deben limitarse en duración y alcance, ya que se trata de medidas que "no son fiscalmente sostenibles en el largo plazo".
