A grandes males... grandes remedios. Y eso precisamente es lo que exige un fraude de las dimensiones del que ha sido generado por Bernard Madoff. Tanto es así, que el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo estará al timón en una acción conjunta con otros 19 despachos europeos para proteger los intereses de los afectados. "Es un problema global que obliga a una respuesta global", apunta Javier Cremades, presidente del bufete en declaraciones a elEconomista. Lea aquí todas las noticias del caso Madoff.
Cremades es consciente de que "la unión hace la fuerza", y por eso el próximo 10 de febrero se reunirá con otros despachos mundiales para preparar una acción conjunta "en representación de 100.000 clientes afectados, de los que 3.000 son españoles. Porque hay afectados de todas las nacionalidades del mundo", afirma el presidente del bufete.
El despacho español tratará de hacer que se oiga la voz de las numerosas víctimas de la estafa piramidal que hay en el país. No en vano, el mayor número de afectados de Europa se encuentra en España. Aun así, tal y como aseguró el bufete el pasado 23 de enero, cuando se presentó la Agrupación de Perjudicados Madoff, la primera solución que se contempla es la de un acuerdo extrajudicial con los intermediarios que vendieron los productos.
En parte, porque, tal y como afirmaron representantes de la Agrupación entonces, "las entidades también han sido estafadas, pero tienen su responsabilidad". De hecho, Santander (SAN.MC), una de las entidades más salpicadas por el caso Madoff en España, podría estar estudiando emprender acciones legales contra el fraude. ¿Y si no hay acuerdo? Los afectados acudirían a la vía judicial, no penal, y en todo caso contra las entidades, no contra personas físicas.
Más controles en Europa
Las rendijas en la regulación financiera que permitieron en EEUU que un fraude como el de Madoff fuese posible, son en parte las que han motivado que en Europa se estén poniendo también medidas. La Comisión Europea anunció ayer que investigará si los 27 países de la UE aplican de manera correcta las reglas comunitarias sobre los fondos de inversión armonizados, la directiva conocida como Ucits (siglas en inglés de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios). Quiere asegurarse de que los depositarios no escapen a su responsabilidad ante el dinero de los inversores afectados o, mejor dicho, timados.
Francia ha provocado la investigación. Teme que la interpretación que las autoridades del Gran Ducado de Luxemburgo hacen de la directiva Ucits permita a los depositarios que operan en aquel pequeño país librarse en todo o en parte de sus responsabilidades en esta gran estafa. Christine Lagarde, ministra francesa de Finanzas, envió hace diez días una carta al liberal irlandés Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior, reclamando que actuara y que garantizara una aplicación adecuada de la directiva en todo la Unión Europea.
Lagarde también planteó el tema en el último Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la UE, reunión celebrada en Bruselas hace una semana. Jean-Claude Juncker, primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo, negó que la legislación de su país aplique el derecho comunitario de tal manera que los inversores estafados disfruten de una protección inferior a la que garantizan sus estados vecinos.
Pero el peso de París en Bruselas es muy superior a la influencia del pequeño Gran Ducado, en cuya reputación entre sus socios de la Unión Europea siempre pesa la sospecha de ser un paraíso fiscal, un caballo de Troya dentro de las murallas comunitarias. Resultado: McCreevy se ha visto obligado a abrir una investigación que ya se verá a quién da razón.
"La responsabilidad de un depositario independiente en lo que respecta la salvaguarda de los fondos es una piedra angular del marco reglamentario Ucits. La directiva confía la custodia a los depositarios, que son responsables si cometen una fala o una negligencia en el ejercicio de sus funciones", subrayó ayer McCreevy antes de anunciar que, si encuentra disposiciones nacionales que diluyan esta responsabilidad podría poner en marcha una nueva reforma de la normativa de la UE.
Bruselas subrayó ayer que la directiva Ucits ha demostrado su eficacia ante el escándalo Madoff. Aunque el Ejecutivo comunitario reconoció que cuatro fondos armonizados por la norma -del conjunto de los 30.000 existentes- aún no han recuperado 1.600 millones de euros que confiaron a entidades relacionadas con Madoff. Por otra parte, Bruselas propuso reforzar el marco operativo de los comités europeos que sirven para que se coordinen los supervisores nacionales de los mercados de valores, la banca y los seguros.
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