El próximo 17 de abril es la fecha límite que tienen las gestoras nacionales para hacer efectiva, de manera permanente y definitiva, Mifid II, la nueva directiva europea para los mercados financieros.
"Mifid I fue el Big Bang para los brókeres y ahora Mifid II lo será para las gestoras de fondos", afirmó Javier Domínguez, managing partner de Auriga Global Investors. En su opinión, como ya está sucediendo con los brókeres, esta nueva legislación traerá consigo una mayor concentración de gestoras nacionales, principalmente, de aquellas que menor patrimonio gestionen y para las que Mifid supone un aumento de los costes.
Básicamente, Mifid II establece que las gestoras distingan entre los costes que supone el análisis, por un lado, y los costes de ejecución, por otro -conocido como Unbundilg- algo que hasta la fecha estaba unido tanto en su partida de resultados como en la información que se facilitaba al partícipe. Tal y como explican desde Auriga Global Investors, a partir del 17 de abril, tras los tres meses de prórroga que contempla la normativa desde su trasposición definitiva el pasado 17 de enero, el partícipe de cualquier fondo nacional sabrá cuánto le supone el análisis en el que invierte su gestora tanto en porcentaje como en dinero sobre su patrimonio invertido.
Sin embargo, las gestoras españolas han decidido tomar, en este sentido, un camino diferente a lo que harán el 90% de los grupos internacionales. Mifid II ofrece dos opciones a la hora de asumir estos costes: uno, que sea la propia gestora quien los cargue a su cuenta de resultados; o dos, repercutirlos a sus clientes. España, en este caso, opta por quedar fuera de la foto. Las gestoras nacionales han decidido que "el análisis lo pague el partícipe" en la gran mayoría de casos", con lo que deberán afrontar un problema a posteriori. Mifid II les obliga a "realizar un informe detallado sobre cómo las ideas que les aporta ese análisis contratado han influido en el buen resultado del fondo", algo difícil de justificar en años como 2018, en el que, de media, los fondos nacionales sufrieron pérdidas anuales del 4,8%, según datos facilitados por Auriga.
La otra pata de la nueva normativa será que las gestoras estarán obligadas a encontrar la mejor ejecución en lo que a los costes de operar se refiere. Deben buscar el bróker que les ofrezca el servicio más competitivo. "En mercados como el español, donde el volumen de activos en el conjunto de fondos españoles es de unos 500.000 millones de euros (invertidos dentro y fuera de nuestras fronteras), un ahorro de 1 punto básico en la ejecución representa 50 millones de euros", apunta Domínguez, que asegura que terminarán en manos del partícipe, ya que, de no existir, se diluirían en el mercado sin beneficiar a nadie.
En bolsas como la londinense (LSE, London Stock Exchange), con un mercado de activos por valor de unos 8 billones de libras esterlinas, ese punto básico menos supondría un ahorro, por ejemplo de unos 800 millones de libras.
