El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un informe sobre el anteproyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el que ha incluido el tratamiento que deben tener los ETF españoles. Y el informe supone un auténtico mazazo ya no solo para los fondos que cotizan en España, a los que niega la posibilidad de ser tratados fiscalmente como fondos y no como acciones, dando así respuesta a la consulta que BME lanzó hace casi dos años, sino a todos los ETF en general.
De hecho, lo que dice el texto, adelantado anoche por Funds People, es que "se procede a homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento". Y por si no lo deja lo suficientemente claro, lo confirma a continuación con esta frase "como complemento a esta homogeneización, se extiende, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, la actual exclusión de retención para las rentas procedentes del reembolso o transmisión participaciones o acciones en las instituciones de inversión colectiva españolas que tienen la consideración de fondos de inversión o sociedades de inversión cotizados, a las instituciones de inversión colectiva equivalentes constituidas en otros Estados".
De esta manera, Hacienda se desdice de la respuesta que realizó hace ahora justo dos años a la consulta lanzada por BlackRock en la que afirmaba que los ETF comunitarios sí podían ser considerados fiscalmente como fondos y, por tanto, contar con la ventaja fiscal del traspaso. Esa consulta abrió una auténtica caja de Pandora. En un primer momento recibió un claro rechazo de los distribuidores bancarios pero la misma banca e industria decidió limitar sus críticas ante la entrada en vigor de Mifid II que, al eliminar las retrocesiones en asesoramiento independiente y gestión discrecional, ponían en valor los ETF de bajo coste como parte de esas carteras y, por tanto, como vía para conseguir mantener sus márgenes.
De hecho, ese cambio de rumbo hacia el ETF por parte de los distribuidores bancarios, que por cierto controlan el 80% de la distribución de fondos, explica que este año tanto Allfunds como Inversis decidieran adaptar sus plataformas con la tecnología necesaria para tratar al ETF como fondo de inversión, unas fuertes inversiones que si el anteproyecto que ahora propone Hacienda sale adelante habrán sido papel mojado. Como también se quedarían en nada todos los esfuerzos que han hecho los proveedores de ETF por identificar cuales de sus productos cuentan con 500 partícipes, condición imprescindible para ser tratados como fondos traspasables – Lyxor ha sido el último de ellos-.
Eso sí, en el sector sorprendía que hasta la fecha Diaphanum fuera el único distribuidor que ofreciera esa posibilidad al cliente final, el suyo de banca privada, y que ningún broker optará por incluirlo en su catálogo. "Hay que tener en cuenta que es el bróker o el comercializador el que asume el riesgo o no de ofrecerlo al cliente retail. Ahora lo que tenemos son zapatos sin suela y la duda es si se pondrá o no en la estantería, ya que existe un riesgo regulatorio porque no vemos suficiente el hecho de que haya una consulta. Necesitaríamos que estuviera avalado a otro nivel, ya que implica un desarrollo muy grande", apuntaban desde uno de esos bróker que prefiere hablar desde el anonimato.
De momento, el anteproyecto de Hacienda, en el que también se incluye la polémica medida de gravar las transacciones financieras, está en el proceso de audiencia e información públicas por lo que habrá que esperar para ver cómo queda definitivamnte pero sea como sea supone una fuerte traba para la posibilidad de que el ETF acabase llegando al inversor particular y no solo al institucional en España, que acapara el 95% del mercado en nuestro país.