El ahorro no ha sido el pilar central en el que se basan las reformas impositivas que plantean el Gobierno y Unidos Podemos, pero sí hay puntos importantes que afectan al inversor, especialmente el nuevo impuesto a las transacciones financieras
El Gobierno y Unidos Podemos anunciaron el jueves el pacto presupuestario en el que se incluyen la creación, subida y modificación de impuestos que afectan directa o indirectamente al ahorro y a la inversión. Algunas novedades ya se habían avanzado, como la creación de una tasa a las transacciones financieras. En cambio, se ha descartado un cambio en la fiscalidad de los planes de pensiones privados pese a que una de las propuestas de Unidos Podemos era limitar las deducciones de estos productos.
Un 0,2% por comprar acciones
La propuesta pactada que se llevará al Congreso incluye un nuevo impuesto del 0,2% "a las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero". Esta tasa es exclusiva para las empresas cotizadas con más de 1.000 millones de euros de capitalización, y no se aplicará ni a la deuda ni a los derivados. El Gobierno socialista ha rescatado una vieja propuesta que ya se planteó imponer el PP en la reforma fiscal de 2014. El esbozo de esta tasa, conocida a nivel internacional como tasa Tobin, se realizó en la Comisión Europea ese mismo año, cuando una decena de países de la UE confluyeron en un impuesto en el que se planteó gravar con un 0,1% la compra de acciones y con un 0,01% la de derivados. Cuatro años después, esta propuesta no se ha materializado en la gran mayoría de países, aunque sí tienen una tasa nuestros vecinos Italia (0,2%) y Francia (0,3%).
Como no puede ser de otra manera, este impuesto encarecerá la operativa para el inversor. Desde BME tachan la medida de "negativa y poco oportuna" y alertan de que en países cercanos "los importes recaudados son significativamente inferiores a los proyectados" y que lo que han conseguido es introducir "distorsiones en los procesos de toma de decisión de inversiones". Desde la CNMV, su presidente, Sebastián Albella, ha recordado que la CE auguró que solo tendría sentido si se hiciera de forma coordinada en Europa; las principales plazas del mundo, Wall Street y la City, siempre han sido contrarias. La idea es que el impuesto sirva para financiar el sistema público de pensiones, pero paradójicametne desde Inverco ya adelantaban que una tasa Tobin del 0,1% se comería 6 puntos de rentabilidad en los planes de pensiones privados en 25 años, y un 7% en fondos de inversión.
Plusvalías del ahorro de las rentas más altas tributarán al 27%
La escala actual que grava las rentas del ahorro sufrirá un cambio en el último tramo. Los primeros 6.000 euros obtenidos como plusvalías seguirán tributando al 19%; para los siguientes 44.000 euros, hasta 50.000 euros, también se mantiene el tipo en el 21%; mientras que a partir de 50.000 euros a la cifra se le aplicará la tasa actual del 23% solo cuando las rentas totales del contribuyente no superen los 140.000 euros. Para estas rentas altas, el tipo aplicable en las del ahorro será del 27%, cuatro puntos más.
Nueva tributación para las socimis si no reparten todo su beneficio en dividendos
Las socimis tienen un régimen especial de tributación, con un gravamen del 0% para las rentas que obtienen del alquiler. Y su mayor atractivo para el inversor reside en que están obligadas a repartir como dividendo un 80% del beneficio logrado por su actividad principal, la del alquiler. El cambio introducido es que deberán tributar un 15% por las ganancias no distribuidas. ¿Supondrá que opten por destinar más a dividendo? Desde Banco Sabadell ven poco impacto: "Como las compañías podrían deducirse el gasto en amortizaciones y otros gastos, resulta que el beneficio a efectos fiscales (o la base imponible) es menor al beneficio recurrente reportado por las compañías (de hecho, Merlin pagó en 2017 un dividendo superior a su beneficio neto)".
Vigilancia a las sicavs
Entre todos los cambios con los que se especulaba sobre las sicavs, que incluían incluso suprimirlas, se ha decidido devolver a la Agencia Tributaria las competencias para inspeccionarlas. También se cita la imposición de "requisitos adicionales", como "el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor".
