Inverco ha hecho oficial la extendida petición de las gestoras y bancos de que se inclusa en la transposición española de Mifid II el supuesto de que tener de una red de oficinas sirva para seguir cobrando retrocesiones.
Lo han dicho muchas veces en las crecientes jornadas en las que se debate sobre el impacto de Mifidf II, que tener oficina debería ser uno de esos servicios añadidos que permitan a las gestoras seguir cobrando retrocesiones por la comercialización de fondos de inversión. Y ahora han hecho oficial esa petición a través de Inverco, la patronal de fondos y pensiones. La Asociación ha remitido al Ministerio de Economía y a la CNMV un documento, acompañado de una infografía justificando por qué se debe incluir el tener una red de oficinas como causa suficiente como para que las comercializadoras de fondos, principalmente los grandes bancos, sigan pudiendo cobrar retrocesiones de las gestoras incluso cuando entre en vigor Mifid II.
Hay que recordar que la Directiva Europa, cuya puesta en marcha se espera para enero de 2018 incluso aunque en mercados como el español ya esté empezando a pedir una prórroga, prohíbe el cobro de retrocesiones (comisiones que la gestora da al distribuidor por vender uno u otro producto y que se calcula que aporta unos 1.000 millones de ingresos adicionales a los bancos) a toda aquella entidad financiera que se declare independiente y a las no independientes que o bien no ofrezcan productos de terceros o bien no demuestren un valor añadido a los inversores con sus recomendaciones, seguimientos de las inversiones o cualquier servicio que de un valor adicional.
Pues bien, teniendo en cuenta que la Directiva contempla que cada organismo nacional incorpore criterios añadidos, Inverco propone que el cuarto supuesto adicional a incluir en la transposición española sea el de contar con una red de oficinas, como por ejemplo ya se ha aprobado en la transposición alemana.
Para justificar esta propuesta, desde la patronal defienden que su no inclusión puede derivar tanto en un aumento de costes para las gestoras como en un mayor encarecimiento del coste para el ahorrador, un menor desarrollo de la comercialización de fondos, reducción de la oferta de productos y una menor protección para los ahorradores que se quedarían sin el servicio de pre venta y post venta que ahora reciben en las entidades, lo que podría provocar una exclusión financiera de muchos pequeños inversores de fondos.
De hecho, Inverco señala que el 50% de los ahorradores en fondos cuentan con un patrimonio inferior a los 20.000 euros en estos productos y defiende que el modelo actual, en el que las retros implican que el 63% de los ingresos por comisiones de las gestoras van a parar a las redes de distribución , permite ya el acceso del minorista a productos de terceros a través de fondos de fondos principalmente, por lo que no cree que sea necesario que las redes ofrezcan directamente oferta de terceros a través de sus oficinas.
La petición, de ser finalmente aceptada por el Ministerio de Economía, algo que muy pocos dudan en la actualidad, supondría mantener en cierta manera el statu quo actual ya que se calcula que el 80% de los que contratan fondos de inversión lo sigue haciendo a través de la oficina bancaria y esto explica que las cinco grandes gestoras españolas, todas ellas ligadas a bancos con una gran red de distribución, acaparen el 58% de todo el patrimonio que hay en fondos de inversión.
Sin embargo, incluso si se permite que se sigan cobrando retrocesiones solo por tener una oficina bancaria, Mifid II sí va a traer algunos cambios importantes para los inversores. El principal será que a partir de ahora los inversores conocerán adónde se dirige lo que pagan en comisiones y ya no en porcentaje sino en euros, lo que puede provocar algún que otro susto en el pequeño inversor y quizá una guerra de precios. Además, la Directiva establece que cada producto deberá tener definido un target y que el cliente tendrá que conocerse antemano si el producto que se le está ofreciendo es el idóneo para él y por qué, lo que también implicará mucho más papeleo a la hora de contratar un fondo de inversión.
