La posibilidad de eliminar las retrocesiones se ha ido diluyendo, y ahora el 66% de encuestados por Efpa no cree que se vaya a terminar con todas ellas. Se permitirá el cobro de esta comisión en algunos casos, muy poco específicos.
En mayo se cumplen tres años desde que el Parlamento europeo aprobó la creación de una nueva Directiva sobre Mercados en Instrumentos Financieros. Se le dio el nombre de Mifid por ser el acrónimo de Markets in Financial Instruments Directive y el apellido de "II" por venir a mejorar la I Directiva Mifid que se creó tras la quiebra de Lehman Brothers para mejorar la transparencia de los productos de inversión. Por aquella época fueron varios los titulares, muchos publicados desde este periódico, en los que se decía que la nueva regulación supondría un cambio radical en el modelo de distribución de fondos, en España hasta ahora dominado por las grandes entidades financieras que se quedan por vender fondos hasta el 63% de las comisiones que cobran las gestoras a sus partícipes, según la CNMV.
No en vano, en principio Mifid II estaba llamado en su inicio a acabar con las llamadas retrocesiones, con el objetivo de que los comercializadores dejaran de guiarse por las retros a la hora de vender productos y empezaran a guiarse solo por la rentabilidad o idoneidad de los mismos a la hora de hacer sus recomendaciones de inversión a sus clientes. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la posibilidad de eliminar retrocesiones se ha ido diluyendo y de hecho, en una reciente encuesta de Efpa, el 66% de los encuestados ya afirmaba que no creía que Mifid II acabara con todas las retrocesiones. Quizá porque aunque en un principio se dijo que estarían prohibidas, ahora esa prohibición ha quedado más que diluida y de hecho ahora se especifica que habría casos, en teoría solo algunos, en los que se permitiría seguir cobrando retrocesiones a quien se declare asesor no independiente.
El problema es que esos casos en los que sí se permitirá el cobro de retrocesiones no son ni mucho menos específicos. Todo lo contrario. De hecho, la poca definición de esos casos especiales en la propia Directiva -se habla aquellos casos en los que se "mejore la calidad del servicio"- abre la veda a que las entidades puedan acogerse a casi cualquier cosa con tal de seguir cobrando retrocesiones y mantener así el statu quo actual. Además, por si la ambigüedad de la Directiva comunitaria fuera poca, la consulta que ha lanzado el Ministerio de Economía al sector para que aporten las especificidades que a su juicio debe contener la transposición a España de la norma europea - debe estar transpuesta en julio de este mismo año- incluye la siguiente pregunta: ¿Considera necesario incluir cualquier otro supuesto adicional a los ya previstos en el artículo 11 de la Directiva Delegada? Y, ojo, porque ya son varias las veces que el sector ha defendido incluir entre las cosas que mejoran la calidad del servicio tener una red de oficinas, ya que como explicaba Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, en una reciente entrevista con elEconomista, ?la red tiene un coste y si queremos tener 30.000 oficinas y un escaparate financiero hay que pagarlas?.
Es por ello que se prevé que con la entrada en vigor de Mifid II la mayoría de entidades en España opte por lo que han llamado el modelo mixto. Esto es, dar asesoramiento independiente para los clientes de grandes patrimonios y dependiente para los que son solo pequeños inversores, la mayoría.
Al fin y al cabo, la banca no está dispuesta a dejar de engordar el único negocio, el de la gestión de activos, que ha crecido en estos últimos años de crisis y que tan buenos márgenes le ha dado. Además, en este caso cuenta también con el apoyo de las gestoras extranjeras que prefieren seguir pagando a los bancos y plataformas por la distribución de sus fondos que embarcarse en la guerra de la distribución directa. "Lo importante para nosotras es tener acceso al cliente, ya que si no hay cliente, no hay negocio", apuntaba recientemente un responsable de una gran gestora extranjera.
Con todo, y aunque Mifid II puede que no cambie el modelo actual de negocio fuertemente bancarizado, sí modifica a mejor la información que recibirán los inversores, que a partir de enero de 2018 conocerán adónde van a parar todas las comisiones. Y eso ya es más de lo que saben ahora.
