Múltiples profesionales del mundo financiero se dan cita hoy en el IV Foro sobre innovación y liderazgo promovido por Inversis, en el que se ha repasado la agenda regulatoria para los dos próximos años. Parte de las miradas han recaído sobre Mifid II, la normativa que, entre otras cosas, pretende proteger al inversor e incrementar la transparencia del mercado. En cuanto a su implementación, retrasada ya en una ocasión, Rodrigo Buenaventura, responsable de mercado de ESMA, el regulador europeo, asegura que, esta vez, el plazo de implementación no se retrasará más: entrará en vigor el 3 de enero de 2018.
"Lo cierto es que no existe tanto plazo para implementar los cambios, pero no hay que contar con más tiempo", señala Buenaventura. "Es un esquema normativo tan extenso que surgirán millones de preguntas en los próximos meses. ESMA tiene que dar respuesta aplicables en toda Europa para evitar desigualdades nacionales".
En cuanto a si su implementación se puede demorar por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, Buenavetura señala que "las probabilidades de que eso ocurra son prácticamente cero". Otra cosa, continúa, "es el que el proceso del Brexit requiera hacer adaptaciones normativas concretas, lo que no descarto, pero serían tratadas como paquetes específicos".
Los objetivos de esta normativa, además de proteger al inversor o de incrementar la transparencia en los mercados, también busca elevar la competencia, adaptar la industria al cambio tecnológico que han sufrido los mercados en los últimos años y reforzar las competencias de los supervisores a la hora de intervenir en ciertas ocasiones.
Mifid II también trae cambios al mercado de renta fija
Una de las consecuencias que traerá de la mano la llegada de Mifid II es el cese de las retrocesiones. Sin embargo, para la industria una de las mayores sorpresas son los cambios normativos que acarrea en renta fija. "A mi juicio es lo que más va a incidir en el modelo de negocio y estructura de mercado", señala Buenaventura.
El principal cambio es la introducción del régimen de pre y post transparencia que afectará a ciertos bonos. Para determinar a cuáles, se tiene en cuenta tanto la liquidez como el tamaño, respecto a esto último, por ejemplo, tendrán que cumplir con tres condiciones (más de 15 ejecuciones diarias, que el bono se negocie más del 80% de las sesiones y que el volumen diario supere los 100.000 euros).
El mercado español de renta fija, además de por Mifid II, también se verá afectado por la separación de las funciones de liquidación y registro a partir de septiembre de 2017.
