El Banco Central Europeo ha decidido meter el dedo en la llaga de los reguladores estadounidenses. A través de un estudio, lo que sugiere que el documento no ha sido revisado todavía por otras instituciones, cuatro funcionarios del BCE determinan que algunos de los datos macroeconómicos que se publican en Estados Unidos podrían haberse filtrado previamente a determinados individuos, lo que sugiere que dichos participes del mercado operarían con información privilegiada.
Prácticas que ya han generado polémica en el pasado. De hecho, a mediados de abril, la Oficina del Inspector General para la Reserva Federal y el Buró de Protección Financiera del Consumidor advirtió a Janet Yellen y sus chicos que podrían ser algo más responsables a la hora de controlar y diseminar información económica bajo embargo a los medios de comunicación.
En este sentido, se alertó a los funcionarios de la Fed sobre los riesgos que implica el ofrecer información embargada, pese a que los medios de comunicación se comprometan al uso responsable de la misma a través de un formulario de aplicación previo. Una llamada de atención que se produjo después de que el pasado 19 de agosto de 2015, una agencia de noticias rompiera el embargo a la hora de publicar las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). A partir de dicho incidente, el banco central estadounidense endureció su protocolo.
Sin embargo, desde la institución capitaneada por Mario Draghi, van más allá y señalan que siete de los 21 anuncios de datos económicos analizados en su informe registraron operaciones bursátiles "substancialmente informadas" antes de la publicación oficial de dichas cifras. Es decir, algunos de los operadores "contaban con información privada sobre los fundamentos macroeconómicos", algo que los autores del estudio aluden a "la filtración de dicha información y una base de proyecciones propia superior a la media a través de la recolección de datos y el proceso de información pública". En algunos casos, Alexander Kurov, Alessio Sancetta, Georg Strasser y Marketa Halova Wolfe, los responsables de este documento, observaron que los movimientos bursátiles comenzaron a moverse hacia la dirección "correcta" (dependiendo del resultado macro) hasta 30 minutos antes de que el dato se hiciera público de forma oficial.
Los autores de este análisis supervisaron un total de 21 indicadores económicos entre enero de 2008 y marzo de 2014. Al mismo tiempo observaron los movimientos paralelos sufridos tanto por los futuros del S&P 500 como por el bono del Tesoro a 10 años. Entre sus conclusiones destacan que siete de los indicadores económicos registraron "fuertes" movimientos anómalos antes de la publicación oficial de los mismos. Los índices en cuestión incluyen el Índice de Confianza del Consumidor, que elabora la Conference Board, el indicador de ventas de casas ya existentes que elabora la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el informe preliminar de crecimiento del PIB que realiza el Departamento de Comercio, el informe de producción industrial que publica la Fed así como los indicadores manufactureros y de servicios del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por sus siglas en inglés).
Grandes beneficios
El documento considera que los beneficios relacionados con las operaciones ligadas a estas posibles filtraciones superaron los 20 millones de dólares al año. Eso sí, esta cifra sólo incluye los movimientos realizados en los futuros del S&P 500. En el análisis también se apunta la posibilidad de que algunos de los participes del mercado cuenten con una mayor capacidad de análisis a la hora de proyectar resultados macroeconómicos pero aún así no encontró relación alguna entre el factor sorpresa de estas perspectivas y los movimientos registrados en el mercado antes del anuncio oficial de los datos económicos.
La forma de dar a conocer estos resultados varía según la agencia u organismo encargada de hacerlo. En el caso del dato del PIB, los detalles se publican en una sala donde los periodistas no tienen acceso a internet o dispositivos electrónicos. La Reserva Federal da a conocer sus cifras e informes de forma similar, aunque este protocolo ha sido implantado recientemente. Por su parte, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento publica sus datos a través de servicios de prensa convencionales. El Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, forzó en 2014 a la Universidad de Michigan a frenar sus prácticas que permitían a los inversores a acceder a la información sobre su índice de Confianza del Consumidor, antes de ser publicada de forma oficial previo pago de una tarifa.
Schneiderman, quien calificó dicha práctica como "información privilegiada 2.0", descubrió como Thomson Reuters pagó más de un millón de dólares anuales por convertirse en el distribuidor oficial de los resultados del indicador elaborado por la Universidad de Michigan. La agencia cobraba adicionalmente más de 5.000 dólares al meses a los clientes que quisieran acceder a los resultados alrededor de cinco minutos antes de que estos fueran publicados al mercado. Una práctica legal según la regulación de la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) pero que el Fiscal General del Estado de Nueva York consideró que no promocionaba la "justa" distribución de datos económicos y "distorsionaba el mercado de renta variable".
