Con el modelo actual, la comisión de gestión que paga el cliente en España sirve para retribuir dos cosas. Por un lado, a la propia gestora; y por otro, de forma indirecta, a la red comercial que vende el fondo, ya que las firmas ceden una parte de la comisión de gestión a la distribución para que comercialicen sus productos. Y no es un porcentaje baladí.
Según las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondientes al primer semestre, el vendedor se queda con el 63 % de lo que cuesta un fondo, unos 760 millones de euros. Sin embargo, este sistema tiene sus días contados con la adaptación a la normativa europea (MiFID II), que prohíbe las retrocesiones y que ha creado una guerra entre gestoras nacionales e internacionales.
En otras palabras, el modelo actual de distribución, muy bancarizado porque la mayoría de gestoras nacionales pertenecen a grupos bancarios, sale rentable porque éstos últimos son a su vez los comercializadores de los fondos. Según se desprende de la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias de las gestoras publicada por la CNMV, éstas ingresaron en el primer semestre del año 1.200 millones de euros en concepto de comisión de gestión, de los cuales cedieron 760 millones a la distribución, es decir, a la banca en la mayoría de veces.
Sin embargo, la principal novedad de MiFID II, la nueva regulación que afectará a los fondos de inversión a partir de enero de 2017, es que las plataformas de asesoramiento y distribución no podrán cobrar comisiones de retrocesión. Además, tendrán que especificar qué parte de los costes se lleva el producto y cuál la red de comercialización. Con ello se persigue que el asesoramiento gane más independencia, pero podría tener un daño colateral para el inversor: que muchas gestoras encarezcan el coste de sus productos, por no mencionar que puedan optar por no incluir en su catálogo fondos de terceros ya que ahora no le reportarán ingresos.
Por eso, no es de extrañar que los bancos nacionales se resistan a acabar con el modelo actual. En este sentido, Lázaro de Lázaro, consejero delegado de Santander Asset Management, argumentó este miércoles en el marco del VII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva organizado por Deloitte, Inverco y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) que "el problema de MiFID II es que parte de un análisis del mercado incorrecto. Aquí la distribución se hace mayoritariamente en las redes bancarias, lo que es una comercialización guiada", y añade que "el modelo no puede funcionar si no hay una retribución a ese asesoramiento. Esperemos que el resultado final contemple una evolución y más transparencia pero respete el modelo de distribución que hay en España".
También Asunción Ortega, presidenta de Invercaixa, defiende que "el modelo que tenemos en España está funcionando muy bien", y considera que ahora "el cliente conoce perfectamente cuál es la comisión que paga por un producto, porque se está haciendo muy buen trabajo en las redes de distribución bancarias".
De hecho, ya hay otros países que la han implantado, como Holanda, Reino Unido (fuera de la UE, también Canadá). Y en cada uno de ellos se ha materializado de una forma. Por ejemplo, en este último "crearon una clase de fondos especial para los asesores, en la que no se pagaba ninguna retrocesión", explica Fernando Luque, editor senior de Morningstar. En este sentido, añade que "España también aplicará la normativa europea, pero no sabemos cómo se va a poner en práctica. Seguramente ninguna de las dos partes [ni la gestora ni la entidad que lo comercialice] se va a atrever a seguir con las retrocesiones".
Lo que es indudable es que la medida persigue un único fin: dar mayor protección al inversor. En ese sentido, Miguel Artola, director general de Bankinter Gestión, insiste en que "el cliente va a poder distinguir entre el coste del producto y el coste del servicio, de tal forma que pueda valorar cada una de las dos cosas. Ahora paga sin poder elegir por un lado el producto y por otro el servicio. Lo que hay que hacer es hacerles ver que MiFID II no va a suponer mayores costes para los clientes, sino que va a empezar a pagar por un algo que hasta ahora pensaba que le daban gratis porque estaba agregado al precio final".
La versión de las extranjeras
Ahora bien, el cambio de modelo no afecta por igual a las gestoras de fondos internacionales. A ellas hasta les beneficia, ya que a día de hoy la mayoría comercializan sus productos a través de los supermercados de fondos. "Es un paso más hacia la transparencia. El impacto en las comisiones no será tanto sino que se cambiarán las retrocesiones por comisiones explícitas", valora Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Funds.
Por su parte, Susana Valero, responsable de producto y gestión de activos de UBS Bank, advierte de que "el impacto que tendrá MiFID será brutal, un antes y un después en el asesoramiento". Un impacto que Luis Ojeda, consejero delegado de Deutsche AWM, cuantifica en una caída de los márgenes de las gestoras "de en torno a un 20 %".
