El proceso sigue adelante. El pasado 29 de junio, la juez titular del Juzgado número 11 de lo mercantil de Madrid firmó un auto por el que "se autoriza la reanudación del proceso de ejecución extrajudicial sobre las 8.259.800 acciones de Zinkia", propiedad de Jomaca 98 -sociedad patrimonial de José María Castillejo, el presidente y primer accionista de la productora-. La ejecución de tales títulos, que equivalen a un 33% de la compañía, haría a Castillejo perder el control de la productora a favor del segundo accionista, Miguel Valladares.
Según aseguran los minoritarios, "en un mes aproximadamente Castillejo dejará de tener la mayoría", al pasar de controlar un 64 a un 31%, mientras que Valladares se haría con el 44% (ahora posee el 11%).
Todo obedece a un crédito que Castillejo solicitó en 2006 a Bancaja (integrada ahora en Bankia) por 16 millones, una cuantía que se eleva actualmente a 18,69 millones sumando los intereses de demora.
Valladares compró el crédito a Bankia por 3 millones de euros en agosto de 2013 y procedió a solicitar la ejecución de las acciones ante el impago.
Acuerdos perjudiciales
El mismo día que la juez emitió el auto, Zinkia celebraba su junta, en la que su actual presidente sacaba adelante un plan de retribución variable a la cúpula de 600.000 euros, junto al reparto de 1.200.000 acciones. Se trata de un acuerdo que los minoritarios quieren impugnar por "considerarlos perjudiciales para el futuro de Zinkia". También están analizando la actuación de la firma encargada de la administración concursal de Zinkia, Attest Integra y, en concreto, de su representante, José Miguel Calleja, ya que alegan que en los últimos meses éste ha aprobado decisiones contrarias a los intereses generales de Zinkia, como son la venta de un activo estratégico y la constitución de una filial de Zinkia en Panamá.
