Madrid, 1 sep (EFECOM).- El Consejo de Ministros aprobó hoy los anteproyectos de ley que trasponen las directivas europeas sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y el gas, que prevén la total liberalización de estos sectores y la desaparición de las tarifas reguladas.
En la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que con estas iniciativas se persigue "proteger a los usuarios de abusos por parte de los operadores" y "garantizar la independencia en la gestión de las redes".
En electricidad, el suministro a tarifa se separa de la actividad de distribución y pasa a ser ejercido por una figura de nueva creación denominada comercializadores a tarifa, que prestará sus servicios de forma transitoria hasta el 1 de enero de 2011, fecha en la que desaparecerán las tarifas.
No obstante, los consumidores domésticos y las pymes podrán acogerse a una tarifa regulada fijada por el Gobierno, llamada "tarifa de último recurso", que prestará otra nueva figura: "el suministrador de último recurso".
El anteproyecto sobre gas también contempla la desaparición de las tarifas a partir del 1 de enero de 2008, el establecimiento de un régimen transitorio hasta esa fecha y la creación de las tarifas y suministradores de último recurso.
La razón que explica la proximidad de esta fecha respecto a la de la electricidad radica en que la liberalización del gas se encuentra más desarrollada, con un 83 por ciento del consumo en el mercado liberalizado.
El Gobierno designará qué comercializadores asumirán las obligaciones de suministradores de último recurso, a los que se les obligará a diferenciar en su contabilidad esta actividad de la del suministro libre.
Otra de las novedades es la creación de la Oficina de Cambios de Suministrador, una sociedad independiente que será responsable de la supervisión de los cambios de suministrador de energía eléctrica y gas natural, con la que se pretenden evitar los posibles obstáculos a la competencia agilizando los cambios de suministrador.
En cuanto a la operación técnica de los sistemas energéticos, Enagás, empresa que realiza esta función y la de transportar gas, deberá separar sus actividades de gestor y transportista para reforzar su independencia, por lo que tendrá que crear una unidad orgánica específica encargada únicamente de la gestión técnica del sistema.
También para mejorar la independencia de Enagás, se prohíbe a cualquier empresa que controle directa o indirectamente más del 5 por ciento del capital de la compañía y se limitan los derechos políticos al 3 por ciento.
Con la misma finalidad, Red Eléctrica de España (REE) deberá crear unidades orgánicas específicas para desarrollar las actividades de transporte de electricidad y gestión técnica.
El transporte eléctrico quedará diferenciado en primario (instalaciones de 400 kV) y secundario (las de 220 kV) y la autorización de este tipo de instalaciones las hará la Administración Central y las Comunidades Autónomas, respectivamente.
La nueva normativa estipula que las autoridades competentes en materia energética serán la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Un Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético, formado por miembros del Ministerio de Industria, Enagás, REE, CORES y la CNE realizará un seguimiento permanente de la garantía de los suministros energéticos.
Los anteproyectos, que ahora serán remitidos a las Cortes generales para su debate parlamentario, suponen el cumplimiento de la obligación de trasladar al ordenamiento jurídico las directivas sobre gas y electricidad, aunque la mayoría de las disposiciones establecidas en la normativa europea ya están incorporadas a la legislación española.
Ambos textos fueron analizados por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, fecha en la que acordó remitirlos, como es preceptivo, al Consejo de Estado, que entregó su dictamen definitivo el 18 de julio.
Además, antes de su devolución al Gobierno, los dos anteproyectos han sido objeto de un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la incidencia que los cambios tendrán en los sistemas eléctrico y gasista. EFECOM
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