Madrid, 31 ago (EFECOM).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la remisión al Congreso de los Diputados de los proyectos de ley que trasponen las directivas europeas relativas a los mercados interiores de la electricidad y el gas, informaron hoy a EFE fuentes gubernamentales.
Entre los cambios más relevantes que incorporan estas normas, que persiguen avanzar en el proceso de liberalización, destaca la separación jurídica y funcional de las actividades de distribución y transporte, por un lado, y de suministro y comercialización, por otro, que realizan los gestores técnicos de electricidad y gas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, respectivamente.
Estas dos compañías deberán crear unidades específicas para la gestión y operación de los sistemas eléctrico y gasista.
Asimismo, la participación de las empresas gasistas en Enagás deberá reducirse al 1 por ciento para reforzar su independencia.
Los planes de inversión de las empresas transportistas deberán someterse a autorización administrativa, y se creará un Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético.
En el sector eléctrico se diferenciará la red de transporte primario (400 kilovoltios), competencia de la Administración central, y la de transporte secundario (220 kilovoltios), en la que serán competentes las comunidades autónomas.
Por otro lado, las nuevas normas prevén la supresión de las tarifas eléctricas reguladas, a partir del 1 de enero de 2011, y de las gasistas, en la misma fecha de 2008.
No obstante, quedarán unas tarifas refugio o de último recurso a las que podrán acceder los consumidores domésticos y ciertas pymes, y cuyo precio máximo decidirá la Administración.
Durante el periodo transitorio, el suministro de electricidad será competencia de un figura intermedia denominada Comercializador a Tarifa Regulada.
Los proyectos fueron vistos por el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero pasado, que acordó remitirlos, como es preceptivo, al Consejo de Estado.
Además, este organismo pidió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un informe sobre los textos antes de devolverlos al Gobierno para su remisión a las Cortes. EFECOM
apc/pamp
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