Destapadas las necesidades de capital del sector financiero, Popular siguió levantando ayer las cartas sobre su próximo movimiento para eludir ayudas públicas, consistente en una ampliación de capital por 2.500 millones de euros.
La entidad someterá a la aprobación del consejo en una Junta convocada el próximo 10 de noviembre la emisión de un máximo de 6.250 millones de acciones nuevas. De este modo, y si recibe el visto bueno, se aseguraría un precio mínimo de 0,4 euros para los nuevos títulos, aunque el precio definitivo dependerá de las negociaciones con los bancos y del número de acciones que se necesiten emitir finalmente.
Una jugada de este tipo requiere la participación de un número suficiente de inversores para garantizar el éxito, entre los que se encuentran los accionistas institucionales. Pero teniendo en cuenta cómo está repartido el capital de la entidad, en este caso una negativa de gestoras y demás instituciones no tendría por qué poner en peligro la operación.
Y es que los accionistas institucionales de Popular (POP.MC) sólo controlan el 18,45% del capital. Este porcentaje contrasta con el 40% de las votaciones que corresponden al consejo o con el 47,45% en manos de particulares.
La colocación de las nuevas acciones de la entidad, por tanto, no depende tanto de si se convence a los institucionales para que acudan a la ampliación. Según los datos recogidos por Bloomberg, entre las principales gestoras internacionales que actualmente forman parte del capital de Popular se esconden nombres como Vanguard Group, Blackrock, Grantham Mayo Van Otterloo o Dimensional Fund Advisors. Pero ninguna de ellas tiene una participación significativa.
La gestora de fondos más grande del mundo cuenta con diversas participaciones a través de sus filiales. En total, ésta dispone de alrededor de un 0,64% de la entidad que preside Ángel Ron. Esta posición es inferior a la que la gestora americana tiene en otras entidades financieras españolas como por ejemplo Santander, donde Blackrock mantiene un 1,55% del banco en cartera, o en BBVA, donde la estadounidense controla hasta un 1,06%.
Otras gestoras presentes en el capital de Popular son: Credit Suisse Asset Management, State Street, Schroder o Fidelity. Sin embargo, todas ellas cuentan con menos del 0,10% del capital de la entidad.
Los mayores "huesos duros"
La rapidez con la que el consejo del banco se reunió para detallar la hoja de ruta de la ampliación destinada a cubrir el déficit de capital de 3.223 millones calculado por Oliver Wyman fue uno de los aspectos más destacados por los expertos, que coincidían al afirmar que el apoyo unánime de los accionistas mayoritarios quitaba a Popular un quebradero de cabeza.
"Si tenemos en cuenta que la ampliación de capital se ha aprobado por mayoría, entendemos que los accionistas mayoritarios acudirán a la ampliación", aseguraba Miguel Ángel Paz, director de la unidad de gestión de Unicorp. El apoyo del accionariado mayoritario supondría la aprobación de una parte que controla hasta el 40% del capital social del Popular (el 32,46% que tiene el consejo de administración y lo restante hasta el 40% procede del free float -capital que circula libremente en bolsa-).
Aunque ojo, porque fuentes del mercado apuntan que tanto la Fundación Pedro Barrié de la Maza, que controla un 7,189% de la entidad como representante en el consejo tras la fusión con el Pastor, como los accionistas minoritarios podrían poner algún impedimento para continuar con la operación, ya que todo apunta que la ampliación irá acompañada tanto de un gran descuento como de una gran dilución.
Las accionistas minoritarios tienen en sus manos el 47,45% del capital del banco, por lo que podría ser el foco principal de presiones en la operación. El hecho de que la ampliación de capital pueda efectuarse con una dilución, que los expertos consultados por elEconomista cifran en más del 50% (a más acciones, menos beneficio le corresponden), implica que los accionistas tengan que asumir nuevas pérdidas a las sumadas en los últimos años.
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