El objetivo de la UE de que su deuda sea tratada como soberana tiene fuertes restricciones, como los limitados recursos de ingresos propios -apenas alrededor del 1% del PIB (150.000 millones de euros en 2025)-. Éstos proceden principalmente de las contribuciones de los Estados miembros (65%), con porcentajes menores de derechos de aduana (14%), IVA (16%) y gravámenes sobre residuos plásticos (5%). Con todo, incluso si se adoptaran plenamente las nuevas medidas sugeridas por la Comisión Europea (CE) para aumentar los ingresos propios de la UE en 36.500 millones de euros en el próximo presupuesto, los recursos propios seguirían siendo muy reducidos.
Por ello, los principales proveedores de índices de los mercados financieros rechazaron en 2024 incluir a la UE en un índice de deuda pública, entre otros motivos, por la falta de consenso dentro de la comunidad inversora.
Lo cierto es que, desde enero de 2023, todas las emisiones de la UE están bajo un mismo paraguas de bonos de la UE, independientemente del programa que se financie, lo que ha contribuido a hacer más soberana la deuda de la UE. Emitir deuda común en el bloque comunitario sería un verdadero paso adelante para la consolidación fiscal europea. Sin embargo, no se trata de un paso fácil. Hasta ahora, el único movimiento hacia la mutualización de la deuda ha sido la concesión de subvenciones como parte de los fondos next generation (NGEU) para mitigar los efectos perjudiciales de la pandemia. Son reembolsadas colectivamente por el presupuesto de la UE.
El difícil consenso entre países
Dicho esto, las tensiones fiscales son cada vez mayores. Las perspectivas presupuestarias de la Comisión para 2025 ponen de relieve que el reembolso de la deuda de los nuevos Estados miembros será una de las principales limitaciones del gasto futuro de la UE, junto con otras presiones como la defensa, el apoyo a Ucrania y la ampliación. Algunos países, como España, son partidarios de retrasar los reembolsos para aliviar la presión fiscal a corto plazo y mantener la capacidad de inversión. En cambio, Alemania y otros Estados fiscalmente conservadores se oponen, por temor a que pueda conducir a una unión fiscal permanente.
Este verano, sin ir más lejos, podría ser un punto de inflexión para la consolidación de Europa como un emisor de deuda soberana reconocido por los mercados: se espera que la Comisión presente su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que comenzará en 2028. Se prevé un recorte del 20% en los principales programas de la UE, debido sobre todo a la necesidad de empezar a devolver los fondos de la UE de Nueva Generación (NGEU).
Se advierte un mayor apoyo a un nuevo planteamiento presupuestario, centrado en primer lugar en las prioridades estratégicas -qué quiere hacer la UE, qué necesita comprar y cuánto costará- en lugar de discutir sobre las cifras principales. El debate sobre la financiación de los bienes públicos europeos, como las redes y la protección de fronteras, avanza, lo que podría dar lugar a una revisión de la estructura presupuestaria.
La idea de un empréstito común permanente e incluso ampliado, favorecida por algunos Estados miembros, también encuentra cierto apoyo en el Parlamento Europeo. Sin embargo, vemos pocas probabilidades de que esto ocurra, salvo en caso de una renovada urgencia mayor. Alemania, por ejemplo, no se opone totalmente, pero las limitaciones internas, especialmente el capital político gastado para aprobar la reciente reforma del freno de la deuda, reducen significativamente el margen de maniobra de Merz. En lo que sigue suponemos que al final los Estados miembros acordarán refinanciar la deuda común, un planteamiento políticamente más aceptable.
Hay pocas ganas de reabrir el debate sobre las normas fiscales. Sin embargo, se están produciendo cambios a nivel nacional. Por ejemplo, Dinamarca está preparando cambios en la estructura del gasto público dentro de su presupuesto nacional. Como ya se ha señalado, llama la atención que algunos todavía no se acojan a la cláusula de salvaguardia nacional para aumentar el gasto en defensa.
La UE sólo tiene recursos propios limitados
A diferencia de un estado soberano normal, la UE tiene recursos propio limitados. Los recursos propios tradicionales comprenden principalmente los derechos de aduana (75% de los recaudados por los Estados miembros en la frontera exterior). En los últimos años, estos se han visto incrementados por las contribuciones basadas en el IVA (tipo normal del 0,3% de la base IVA de cada Estado miembro, la contribución está limitada al 50% de la renta nacional bruta (RNB) del país) de los Estados miembros. Desde 2021, también se han incluido contribuciones nacionales basadas en la cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados generados por un Estado miembro. No obstante, la mayor parte del presupuesto procede de las contribuciones directas de los Estados miembros (basadas en su RNB), que se ajustan para equilibrar ingresos y gastos. El presupuesto disponible aumenta ligeramente si no se ha agotado totalmente el del año anterior o por otras fuentes, como las multas a las empresas que infringen la legislación comunitaria sobre competencia. Los recursos propios representan más del 90% de los ingresos.
Los nuevos fondos del programa NGEU estarán disponibles en 2026, y se espera que el programa SAFE dé lugar a nuevas emisiones de bonos en los próximos años. Sin embargo, cabe señalar que no todos los países aprovecharán los préstamos SAFE (así como los préstamos NGEU), ya que algunos países pueden financiarse a niveles más baratos en el mercado de bonos que la UE. Esto genera una incertidumbre considerable en cuanto a las necesidades de financiación en 2026. No obstante, teniendo en cuenta otros programas en curso, esperamos un nuevo récord de emisión de bonos tanto neta como bruta.
Es por ello que pensamos que los esfuerzos de la UE por aumentar permanentemente sus recursos encajan bien con la ambición de la UE de ser percibida cada vez más por los inversores como una entidad soberana y no supranacional. Queda por ver si se alcanzará el consenso necesario.