Especial ESG
Si alguna problemática se está encontrando en torno al mundo de los criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) es la enorme cantidad de normas que existen, aunque cada vez más se está tratando de lograr cierta armonía entre todas ellas. Ahora, a esta cantidad de leyes, llega también la nueva Directiva de Debida Diligencia (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, también conocida como CSDDD). Esta nueva normativa llega para intentar poner las reglas del juego aún más duras a las empresas en temas de sostenibilidad, pero también para clarificar aún más el camino hacia esta sostenibilidad en todos sus sentidos.
La CSDDD establece una serie de obligaciones en materia de derechos humanos y medioambiente. Las empresas deberán contar con una política de debida diligencia (el proceso mediante el cual las empresas identifican, previenen, mitigan y explican cómo abordar los efectos adversos reales y potenciales de su actividad en materia de derechos humanos y medioambiente). Esta política no solo afectará a la empresa principal sino que atañerá a toda la cadena de valor de dicha compañía: es decir, a las actividades de sus sociedades subsidiarias y asociadas, tales como proveedores, distribuidores, exportadores, etc. Uno de los cambios que supone esta normativa es que se pasa de una exigencia más por la parte del reporting a la búsqueda de la acción real, para que el blanqueamiento de las actividades ESG sea cada vez más dificultoso. El objetivo de esta nueva directiva no es más que seguir esclareciendo los procesos para convertirse en una empresa ambientalmente sostenible y que cumple y guarda los derechos humanos y de los trabajadores.
La normativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 24 de abril y no estuvo exenta de oposición en algunos países dada la complejidad del texto, que prevé fuertes sanciones a todas aquellas grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor. Los países tienen dos años para aprobar sus respectivas reglas nacionales y las obligaciones de esta nueva directiva se irán introduciendo paulatinamente en función del tamaño de las empresas.
En la Unión Europea aplicará siempre a empresas de más de 1.000 trabajadores y más de 450 millones de euros de facturación anual, pero la aplicación será gradual: en 2027 afectará a empresas de más de 5.000 trabajadores y 1.500 millones de euros de ingresos; en 2028, bajará a 3.000 trabajadores y 900 millones de euros; y en 2029 aplicará a empresas de 1.000 personas y 450 millones de euros.
A aquellas empresas de tercertos países con actividades en la UE solo se referirá a su nivel de ventas: en 2027 afectará a aquellas que facturen 1.500 millones de euros; en 2028, 900 millones y en 2029, 450 millones.
El gran cambio y repercusión de esta normativa llega cuando se baja al escalón más pequeño del tejido empresarial. Aunque no se refiere directamente a las pequeñas y medianas empresas, esta norma pretende afectar a toda la cadena de valor de las grandes empresas llegando hasta estas pymes. Es aquí donde reside uno de los mayores retos, pues la preparación de estas pymes para la norma requerirá de medidas económicas para las que algunas compañías puede que no estén preparadas.