Madrid 
La disparidad de normas que existen en torno al mundo del ESG (los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) está siendo una de las mayores dificultades a las que están teniendo que hacer frente las empresas. Ahora llega la nueva Directiva de Debida Diligencia (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, también conocida como CSDDD) la intención de poner aún más duras las reglas del juego, pero también para clarificar aún más este camino hacia la sostenibilidad en todos sus sentidos. Consulte el portal especializado de elEconomista.es.
En este sentido, desde elEconomista.es y con el patrocinio de KPMG se realizó una mesa de encuentro con los expertos del sector para abordar los nuevos retos que entraña esta nueva norma. El observatorio contó con la presencia de Pilar Galán, socia responsable del área legal de servicios financieros de KPMG Abogados; Teresa Royo, socia de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG en España; Mariví Sánchez, directora global de sostenibilidad y comunicación de Nauterra; José Miguel Tudela, director de sostenibilidad de Enagás; Carlo Manuiel Drauth, head of responsable business and human right en sostenibilidad de Telefónica y Cecilia Carballo de la Riva, chief sustanability and comunications officer de Solarig.
La CSDDD planea importantes desafíos para las empresas, pues obligará a las organizaciones de la UE, pero también a las que están fuera de ella, a aplicar la diligencia debida en materia de medio ambiente y derechos humanos no solo en las propias operaciones de su negocio como tal, sino que también deberá exigir que se cumpla en toda su cadena de valor, desde filiales hasta proveedores. El objetivo de esta nueva directiva no es más que seguir esclareciendo los procesos para convertirse en una empresa ambientalmente sostenible y que cumple y guarda los derechos humanos y de los trabajadores.
La normativa fue aprobada en abril de este mismo año y no estuvo exenta de oposición en algunos países dada la complejidad del texto, que prevé fuertes sanciones a todas aquellas grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor. Los países tienen dos años para aprobar sus respectivas reglas nacionales y las obligaciones de la norma se irán introduciendo paulatinamente en función del tamaño de las empresas: en octubre de 2027 llegará para las empresas de más de 5.000 empleados y más de 500 millones de cifra de negocio; en julio de 2028 afectará a empresas de más de 300 empleados y una tercera fase en julio de 2029 para compañías de más de 1.000 empleados.
"Es una pieza más de todo el entramado regulatorio para cumplir los objetivos de descarbonización de la UE y otros objetivos sociales y eso es lo que no debemos perder de vista", opina en este sentido, Teresa Royo. Uno de los cambios que supone esta normativa es que se pasa de una exigencia más por la parte del reporting a la búsqueda de la acción real, para que el blanqueamiento de las actividades ESG sea cada vez más dificultoso. "Antes teníamos normas de transparencia ahora se busca que se pase a la acción con la incorporación de planes de transición acordes con los acuerdos de París y los objetivos 2030", explica en esta línea Pilar Galán.
La obligatoriedad, la complementariedad y la anticipación fueron algunas de las novedades que esta ley introduce y que fueron destacados entre los ponentes. La CSDDD también supone un paso más en la universalización de ciertas pautas de conducta empresarial, que son especialmente relevantes cuando se opera en un contexto global. Aunque la actuación de la norma solo abarque, por el momento, a empresas de hasta 1.000 trabajadores, se espera que con la exigencia en la cadena de valor acabe llegando antes de tiempo a las pymes.
Pilar Galán (KPMG Abogados): "Hay ciertos sectores donde el cumplimiento de la norma será complicado"
Más allá del tradicional reporting que se había estado solicitando hasta el momento, para Pilar Galán el verdadero cambio de esta norma proviene de la exigencia de actuación: "Antes teníamos normas de transparencia, ahora se busca que se pase a la acción con la incorporación de planes de transición acorde con los acuerdos de París y los objetivos 2030", explica y señala la obligación de cumplimiento de toda la cadena de valor, que debe adaptarse al régimen de responsabilidad, soportando sanciones y la propia responsabilidad civil cuando haya incumplimientos de la ley.
Galán señaló el factor de anticipación como una de las medidas que puede ayudar a las empresas a llegar mejor preparadas y argumentó que "si has estado adaptándote con prioridad al resto de normas, cuando llegue la norma final el esfuerzo de adaptación será menor. Uno de los verdaderos retos de la norma y que es adicional a la misma será la coherencia, "que lo que dices sea coherente con lo que se hace. Es uno de los retos en los que hay que poner foco", opinó.
Galán señaló los sectores textiles, agroalimentario, energético o logístico serán alguno donde la implementación de la ley acarreará más obstáculos por la complejidad de interlocutores y la longitud de toda la cadena de valor.
Subrayó que en los últimos años se ha producido un paso de las empresas del mero cumplimiento de las distintas normativas a una introducción de estas como estrategia de la propia compañía "pero hay un miedo por el escrutinio que pueden hacer de toda esta información, especialmente los stateholders. No nos puede parar pero no dejas de tener cada vez mas obligaciones y una lupa", concluyó.
Teresa Royo (KPMG): "El consejo de administración tiene responsabilidad en la implementación y seguimiento de la ley"
Teresa Royo explicó que la CSDD "es una pieza más de todo el entramado regulatorio para cumplir los objetivos de descarbonización de la UE y otros objetivos sociales y eso es lo que no debemos perder de vista" y agregó que "mira más allá de los impactos más inmediatos e incide en la cadena de valor, por lo que tiene un aporte muy importante". Para Royo, esta normativa va a cambiar las reglas del juego pues se va a tener un mayor acceso a una información que hasta entonces no se había tenido en cuenta, " por ejemplo, la vulneración de derechos humanos en un tercer país donde comienza esa cadena valor", argumentó.
Así, se va a tratar de proteger de forma más exhaustiva a los grupos de menor tamaño: "Los colectivos tienen que ver con los propios trabajadores de la cadena de valor y las comunidades con un impacto local de las actividades. Es frecuente, hablando de trabajo forzoso, la ley de esclavitud moderna y ahí se define qué es, dónde puede darse, los colectivos más vulnerables", añade.
Para lograr la correcta ejecución de la ley, habló de la necesidad de que deje de ser únicamente tarea de los equipos de sostenibilidad: "El consejo de administración tiene una responsabilidad en la correcta implantación y seguimiento de la estrategia, ya no solo recae en el área de sostenibilidad".
Por último, Royo expuso los distintos grados de madurez que hay en las empresas con respecto a la CSDDD: "Hay compañías que están trabajando durante décadas en estas cuestiones e incluso que han sido pionera. La dificultad va a venir en las pymes, donde hay un mayo número de grupos vulnerables y quizás no tengan tantos recursos para comprender y saber cómo adaptarse".
Mariví Sánchez (Nauterra): "El enfoque de los riesgos me parece muy acertado ya que contempla la priorización"
Desde Nauterra (antiguo grupo Calvo) llevan desarrollando la estrategia ESG desde hace años, pero hasta para ellos esta nueva directiva supone ciertos riesgos. "El enfoque de riesgos me parece muy acertado ya que contempla la priorización. Nauterra es una empresa internacional de alimentación, tenemos fabricas en España, El Salvador y Brasil y oficinas en 4 países adicionales y vendemos a mas de 70 países. Nuestra complejidad al cumplir la norma nos pilla relativamente bien posicionados, desde 2016-17 tenemos un programa de compra responsable, pero todavía nos queda el camino de terminar de adaptarnos", explica Sánchez.
En su forma de trabajar, Mariví Sánchez no cree que vaya a haber un cambio excepcional, "pero sí en algunos aspectos en los que no tenemos tanto foco. Estamos expectantes, analizando cómo nos va a afectar todo esto aunque ya estudiamos el impacto de lo que genera nuestra actividad".
José Miguel Tudela (Enagás): "El reto de Enagás es avanzar con el modelo de debida diligencia a la par de la transición energética"
Desde Enagás, José Miguel Tudela señaló que el gran reto de la compañía "es avanzar con la implantación del modelo de debida diligencia con el avance que tenemos que hacer con el modelo de transición energética. Estamos en pleno proceso de evolución en vectores energéticos, como el hidrógeno verde. Esto supone un nuevo proceso de inversión que nos va a implicar proyectos de construcción, nuevas actividades, nuevos proveedores. El poder desarrollar todo esto en paralelo con el nuevo modelo de debida diligencia es el gran reto".
Agregó que "el gran avance de este año ha sido el trabajo orientado a la otra directiva, la CSRD. Este año si o si hay que tener el reporting asociado a esta ley. Y todos los cambios y evaluaciones que hemos hecho para esto tienen exactamente la misma estructura que tiene la nueva normativa. Nos ha sido de gran ayuda como paso intermedio pata lo que tengamos que hacer estos años".
Carlo Manuel Drauth (Telefónica): "La colaboración entre las empresas del mismo sector va a ser clave para el éxito de la norma"
Desde Telefónica, Carlo Drauth opina que "esta directiva representa un cambio de paradigma. Pasamos de una obligación de reporte a una obligación de gestión" e identifica que una de las claves para el correcto cumplimiento de la norma será la colaboración entre empresas del mismo sector.
Desde la empresa de telecomunicaciones, explica están "identificando los proveedores de potencial alto riesgo y les pedimos una evaluación de la plataforma para saber cómo están gestionando a sus propios proveedores, si vemos un riesgo hacemos auditorias".
Pero Drauth incide que, aunque esta nueva directiva va a ayudar a proteger los derechos humanos y los del medio ambiente, "no podemos delegar toda esta responsabilidad únicamente en las empresas, también necesitamos la participación y apoyo de los distintos estados para que haya legislaciones robustas en los países donde operamos y una sociedad civil activa.
Cecilia Carballo de la Riva (Solarig): "Con la CSDDD se van a universalizar algunas pautas de conducta empresarial"
Desde Solarig, Cecilia Carballo opina que esta nueva ley "viene a sentar las bases y añadir una capa más y robusticidad a un sistema jurídico político que fortalece las empresas. La cuestión es política en tanto que la directiva habla de alcance y vincula las cadenas de suministro y a todos los actores. Ahora estamos en comunicación con ellos, cuando antes iban más libre y de forma menos regulada. Vamos a universalizar algunas pautas de conducta empresarial y esto es importante cuando se opera en un contexto global".
La compañía, según explica Carballo, ya está muy bien adaptada a la nueva regulación y está trabajando y fortaleciendo las cadenas de suministro, pero, incide "ahora hay que ver más allá de como se ha tipificado" y agrega que "hay que empezar a aplicar la norma, bajar al barro y ahondar en cuestiones como elegir a un proveedor o a otro. Al no estar obligados pero tener ese foco, vocacionalmente la empresa se ha dotado de sistemas para adaptarse a estas cuestiones".
