Hace menos de dos meses que Senegal se unió al club de los países productores de petróleo. Pese a que ha pasado tan poco tiempo, el único yacimiento activo del país ya ha generado cierto caos en la política y la sociedad senegalesa. Hay tres componentes que al unirlos parecen ser casi siempre explosivos: petróleo, política y África. Estos tres ingredientes suelen combinar regular y el caso de Senegal es un ejemplo más. A medida que se acercan las elecciones legislativas del país, los choques por la gestión de este yacimiento de crudo se están recrudeciendo. Quizá es muy arriesgado lanzar este vaticinio, pero si la situación sigue agravándose no sería descabellado pensar en un escenario en el que la empresa que opera el yacimiento termine marchándose y la petrolera estatal de Senegal se termine haciendo cargo del yacimiento. El resultado final será la falta de inversión suficiente para mantenerlo y el desaprovechamiento de este recurso natural tan valioso para uno de los países más pobres del mundo.
Senegal se unió oficialmente a las filas de los exportadores mundiales de petróleo gracias al yacimiento de Sangomar, operado por la australiana Woodside. El proyecto, que ha costado 5.200 millones de dólares, produce actualmente 100.000 barriles diarios de petróleo con un contenido medio de azufre. El país ya ha logrado exportar crudo de este yacimiento durante el verano. El petrolero griego Maran Poseidon, fletado por Shell International Trading, llegó a la terminal de exportación para transportar este verano el primer cargamento de crudo senegalés. Este petrolero, con una capacidad de 1,06 millones de barriles, entregó este primer cargamento vendido a Shell, un hito importante para Senegal en el panorama energético mundial. Poco ha durado la alegría.
A pocas semanas de las elecciones legislativas del 17 de noviembre en Senegal, el clima económico del país africano vive momentos de tenso debate por la incertidumbre sobre los contratos para explotar el petróleo. El primer ministro, Ousmane Sonko, anunció la creación de una comisión para revisar los contratos estratégicos firmados por el Estado, especialmente aquellos de explotación de recursos naturales, lo que ha reavivado la eterna disputa sobre la transparencia y la soberanía económica en el país.
Este anuncio llegó en un contexto en el que las inversiones extranjeras, fundamentales para el desarrollo energético del país, están bajo la lupa. "Cada vez que hay disputas sobre la parte que deben ingresar las empresas internacionales, no estamos mandando un buen mensaje para los inversores. Las autoridades son conscientes de estas dificultades y sabrán negociar con los inversores para hacer los ajustes necesarios", destaca a EFE Pape Mamadou Touré, analista en materia de hidrocarburos inscrito en el cuadro de honor del Orden Nacional de Expertos de Senegal (ONES).
El pasado junio, Senegal dio un paso de gigante al convertirse en un país productor de hidrocarburos. El anuncio fue realizado por la compañía australiana Woodside, que lidera la extracción de petróleo en el yacimiento de Sangomar, a 100 kilómetros al sur de Dakar. El proyecto se gestiona a través de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas inglesas).
Un inicio que ya fue accidentado
Tras un inicio accidentado, ya que la explotación debía comenzar en 2021, se prevé que el yacimiento de Sangomar produzca entre 100.000 y 125.000 barriles de petróleo diarios. Woodside posee el 82 % del proyecto, mientras el 18 % restante pertenece al Estado senegalés a través de Petrosen.
"Es importante destacar que Senegal no dependerá excesivamente del petróleo para su presupuesto. Esto se debe a que, contrariamente a lo que se cree, el petróleo representará entre el 4% y el 5% del PIB. El resto del presupuesto seguirá siendo alimentado por los sectores tradicionales de la economía", recuerda Touré. Para el experto, "descartado el riesgo de una dependencia excesiva de los ingresos fiscales provenientes del petróleo (…), el Estado podrá utilizar estos recursos para resolver algunos de sus problemas de déficit fiscal".
El pasado verano, Woodside fue objeto de un ajuste fiscal significativo por parte del Gobierno senegalés, lo que desató especulaciones sobre la sostenibilidad de sus operaciones en el país. Según Libération, diario local que adelantó el caso, la empresa australiana ha sido señalada por posibles irregularidades fiscales relacionadas con su explotación en Sangomar. El Gobierno senegalés le impuso un ajuste millonario, generando preocupación sobre el impacto de esta medida en el proyecto.
El petróleo genera tensión
Para calmar las tensiones, a comienzos de octubre una delegación de Woodside viajó a Senegal para reunirse con altos funcionarios de la Administración de Bassirou Diomaye Faye, quien asumió la Presidencia el pasado abril. El objetivo de la visita fue fortalecer las relaciones y aclarar los puntos de fricción relacionados con el ajuste fiscal.
Durante las reuniones, Woodside reafirmó su compromiso con el desarrollo energético de Senegal. Sin embargo, la incertidumbre no se ha disipado por completo, especialmente debido a la propuesta de Sonko de revisar los contratos estratégicos de explotación de recursos naturales, una de sus promesas electorales.
"Si hoy el Estado quiere avanzar hacia una renegociación, es para realmente intentar equilibrar los intereses entre las dos partes", piensa Abdou Gueye, ambientalista y especialista en gobernanza de las industrias extractivas (petróleo y gas). Sin embargo, puntualiza este experto en la materia, "será necesario encontrar los medios, usar las palancas que permitan al Estado avanzar en ese sentido".
Gueye destaca que, en caso de que las negociaciones fracasen, el conflicto podría resolverse mediante la mediación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial especializada en la resolución de disputas internacionales relacionadas con inversiones.
En el caso de Senegal, esta institución ya ha intervenido en el pasado. Un ejemplo reciente es el enfrentamiento entre la anterior Administración y African Petroleum, cuyos propietarios acusaron al Gobierno de violar el Código Petrolero al ceder sus licencias a la multinacional francesa Total.