El mundo y Europa en particular están dando pasos atrás en la internacionalización y la privatización de las empresas en un contexto en el que se busca defender a los sectores más estratégicos para las economías. El Covid, los problemas de suministro y los conflictos geopolíticos son algunas de las razones que han precipitado a los gobiernos a tomar o elevar una posición en compañías de industrias clave que ya estaban cotizando en bolsa. Grandes estados como Alemania, Francia, Italia, España y Portugal se han reforzado en los últimos años sobre todo en firmas de energía, defensa y telecomunicaciones, que representan las principales inversiones en cotizadas de este conjunto de países.
Algunos de estos estados no quisieron salir por completo de ciertas empresas durante las grandes décadas de privatizaciones, y en los últimos años incluso han elevado sus posiciones. España, por su parte, también está desandando el camino hecho -sobre todo en la década de los 90, en la que se desprendió de Repsol, Telefónica, Endesa o la antigua Iberia cimentando el mercado español-, con movimientos actuales como la entrada en Telefónica o el aumento de su peso en Indra.
La inversión estatal en utilities y empresas energéticas cotizadas está valorada en cerca de 64.000 millones de euros, si se unen las participaciones que tienen Alemania, Francia, Italia, España y Portugal en nueve compañías, entre las que hay empresas donde el Estado tiene incluso el control. En defensa, donde Europa busca fórmulas para invertir más y de forma coordinada, el control de los gobiernos asciende a 56.900 millones, con seis participadas, según datos de Bloomberg. El tercer pilar está telecomunicaciones, con 37.300 millones, y le siguen otros como transporte aéreo, correos y el automovilístico -con más de 10.000 millones en todos los casos-.
"La historia muestra que una vez los gobiernos entran en los Consejos de Administración, su prioridad no es la rentabilidad de la compañía o los intereses de los propios accionistas", Javier Hombría, del IEB
"Esta tendencia se debe a un retroceso de la internacionalización y el libre comercio. Los trágicos acontecimientos del Covid, la rotura de inventarios, el darse cuenta que medicamentos críticos de un país se fabricaban fuera han hecho replantearse a gobiernos y empresas la seguridad de sus líneas de suministro y de sus empresas críticas", apunta Javier Hombría, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. "Aunque se puede pensar que esto puede ser positivo para los actuales accionistas porque pueden producirse inversiones por parte de gobiernos o entes públicos, la historia muestra que una vez los gobiernos entran en los Consejos de Administración, su prioridad no es la rentabilidad de la compañía o los intereses de los propios accionistas, sino otro tipo de razones que no tienen por qué tener un rendimiento económico positivo", valora.
El camino para ganar competitividad en Europa, según apuntan muchos expertos, debería estar más en la unión de mercados y no en este aumento de la participación estatal.
Empresas participadas
Uno de los casos recientes más polémicos está en Francia, con la compra de EDF. La República presidida por Emmanuel Macron, que previamente quería impulsar la venta de participaciones, nacionalizó el año pasado a la mayor eléctrica del país, retirándola de bolsa. Además, la antigua Gaz de France -ahora Engie- se privatizó en 2004, pero un 23,6% aún está en manos públicas. En Alemania, el Gobierno nacionalizó en 2022 al gigante del gas Uniper -tiene un 99,12%- para evitar el colapso del sector energético del país tras el inicio de la guerra en Ucrania que derivó en un alza de los precios del gas y la restricción de suministros a Europa por parte de Rusia.
Para Italia, en la energía tiene a dos de sus joyas protegidas: Enel y Eni. El Estado italiano es el principal accionista de la Enel -dueña del 70% de Endesa-, y no se queda de brazos cruzados: el año pasado cambió la cúpula de la firma italiana. En Eni, no obstante, en enero el Gobierno admitió que estudia la venta de hasta un 4% de lo que tiene el Tesoro (controla otro 28,5% a través de Cassa Depositi e Prestiti), en su plan para reducir la deuda del país, según apuntaba Bloomberg. España, por su parte, mantiene un paquete en Redeia (20%) y en Enagás (5%).
En un contexto geopolítico muy complicado, con varios focos de tensión importantes, la industria de defensa ha pasado a un primer plano en Europa. Una de las historias más peculiares en este sector es la de la neerlandesa Airbus. Son pocos los grupos europeos de tal tamaño que se han orquestado como grandes fusiones transfronterizas. La antigua EADS se configuró con tres grandes empresas de Francia (Aérospatiale-Matra), Alemania (DASA) y España (CASA). Y estos tres países mantienen a día de hoy una participación -de en torno al 10,8% los dos primeros y del 4,12% España-.
El perfil estratégico es la clave para que el Gobierno español haya reforzado su participación en Indra, ahora que además se quiere dar a la empresa un enfoque más centrado en tecnología para el sector de la Defensa. La Sepi es el principal accionista de referencia, con un 27,9%, y el año pasado revolucionó el consejo de administración. Pero hay más ejemplos de defensa en Europa. El Estado alemán también está muy presente en una pequeña firma del sector cotizada en el país, Hensoldt. Y si hay Gobierno para el que la industria de defensa está entre sus primeras inversiones es Francia. Más allá de Airbus, la República francesa cuenta con participaciones directas en dos grandes jugadores del sector, Thales (26%) y Safran (11,2%). En Italia, Leonardo, enfocada en los negocios aeroespacial, de defensa y de seguridad, está participada en un 30,2% por el país.
El regreso del Estado español a Telefónica tras concluir su privatización en 1999 (ahora controla el 5,034% y llegará al 10%) no es el único caso reciente en Europa en el sector. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni acordaba en agosto con el fondo KKR hacerse con un 20% del negocio de redes de Telecom Italia (Netco), y mantiene un 9,8% en el grupo. Alemania tiene una participación del 30% en Deutsche Telekom, valorada en más de 31.000 millones, que articula de forma directa y a través del banco público de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Y Francia cuenta con un 13,39% en Orange.
La protección de las empresas no solo está ocurriendo en Europa. Y no solo se están tomando participaciones estatales. Esta necesidad de defender a los actores nacionales de alguna forma "la podemos ver en las últimas semanas en el bloqueo que la administración Biden está imponiendo a la adquisición de US Steel por Nippon Steel, aun siendo Japón un aliado clave en la estrategia de contención de China en el área Asia-Pacífico", señala Javier Hombría. "Si Trump sale reelegido, se producirá una aceleración de esta tendencia, ya que en numerosos discursos de campaña ha mencionado su interés en incrementar aranceles", añade.
