Madrid 
Si el éxito es la diferencia entre expectativas y resultados, la industria de la inversión sintió un suspiro hace unas semanas al leer en titulares de prensa que la UE no prohibirá los incentivos por retrocesiones como pretendía inicialmente la comisaria de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness. En el caso de nuestra compañera y corresponsal en la UE, Lidia Montes, el titular era más acertado: "Bruselas exigirá un estándar para comparar el coste de los fondos". Cero euforia. Para quien lee la letra pequeña de las informaciones, hay muy poco éxito en la propuesta para reformar la normativa sobre inversiones, que no prohibirá los incentivos para vender fondos de inversión, pero sí elevará las exigencias para evitar aumentar la transparencia. Y para aumentar la transparencia la propuesta de la Comisión Europea prohibirá las retrocesiones en el caso de la venta de fondos sin asesoramiento, porque considera que no se puede justificar el valor añadido.
La Retail Investment Strategy (RIS), el documento que pretende reforzar la protección del inversor minorista, aprobado por el 24 de mayo, pone en riesgo unos 2.000 millones de ingresos recurrentes en la industria por la venta de fondos de inversión y seguros informadas en vez de asesoradas. La retrocesión desaparecerá si no se demuestra el valor añadido a los inversores. Y mientras esta medida llega en 2025, la industria ha fortificado la gestión discrecional de carteras, que ha crecido en los últimos años hasta alcanzar el 67% de la distribución de fondos en España.
En román paladino: habrá clase limpia para el inversor que decide qué fondo compra. Pero esto no significa que se pueda cobrar honerosas comisiones al cliente asesorado al que se le va aplicar un coste razonable en función de la expectativa de rentabilidad esperada: value for money. Las fábricas de productos como sus distribuidores tendrán que utilizar un benchmark que publicarán ESMA y EIOPA sobre costes y rendimiento. Si la CNMV realiza una transposición de lo que hagan las autoridades europeas para proteger a los inversores puede ser una ventaja para la industria de la inversión española, lo contrario que para el partícipe, porque los benchmark pueden contener porcentajes elevados al incluir costes de suscripción muy extendidos en algunos de los principales mercados. Motivo por el que no es descartable que la CNMV presente un value for money propio que busque la esencia de la norma: que el cliente pague lo correcto sobre una rentabilidad razonable esperada.
Esta es la razón por la que el porcentaje dedicado a pagar a los distribuidores no deja de caer desde el 70% que representaba en 2011 hasta el 49% con que cerró el año pasado. Y más que debe bajar.