La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abogado por una mejora de la definición de la etiqueta de los productos de inversión sostenibles. Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta del organismo supervisor, ha explicado durante la apertura del II Foro ESG organizado por elEconomista.es que la directiva europea SFDR nació con la intención de otorgar mayor transparencia a la información destinada a los inversores, pero no con una vocación de clasificación.
Pero ante la falta de una mayor concreción, la nomenclatura que establecía la directiva entre productos con objetivos de sostenibilidad y productos sostenible ha acabado por adaptarse como si fueran etiquetas de clasificación para distinguir a los vehículos de inversión supuestamente más alineados con las estrategias ESG. De ahí que Martínez Parra haya asegurado que es necesario "avanzar en una mayor definición de las etiquetas de los productos" a nivel europeo.
Hasta que este proceso sea una realidad, desde el supervisor han recordado que están siendo "muy cuidadosos con la denominación de los fondos españoles", comprobando que aquellos productos que se declaran sostenibles (artículo 9 de la directiva europea) cumplen los requisitos en su estrategia, mediante el análisis de la cartera que remiten trimestralmente al organismo supervisor, teniendo en cuenta la importancia que este tema ha adquirido entre los clientes finales, ya que el 34% del patrimonio total de la industria de inversión se puede considerar ya como sostenible.
Martínez Parra ha señalado que es necesario avanzar en esa mejora de la clasificación en Europa para evitar la desconfianza de los inversores, un elemento que en España no se ha producido tanto como en otros países, donde grandes gestoras internacionales están reclasificando sus fondos de inversión, puesto que las firmas de inversión españolas han sido más cautas. "El sector está siendo muy riguroso en el lanzamiento de productos bajo la etiqueta de sostenible", ha subrayado.
Pero esa mejora de la clasificación ayudaría, a su juicio, a disipar algunas dudas que puede haber sobre las características que deben cumplir los fondos que recaen bajo el Artículo 8 de la directiva europea, en un momento en que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento transversal de la estrategia de las empresas, una vez que está recogido en el Código de Buenas Prácticas de la CNMV.
"Existe un debate muy interesante sobre hasta qué punto las empresas deben involucrarse en la sostenibilidad y ésta debe formar parte de su gestión diaria y cómo se pueden equilibrar los elementos financieros con los ambientales y sociales", ha apuntado Martínez Parra en su intervención. Pero a su juicio, se trata de un debate erróneo, ya que se debe aplicar una visión a largo plazo que determina los valores intangibles de las compañías. "El reto es cómo conseguir que las empresas puedan adaptarse a esta nueva realidad, incorporando el impacto de los riesgos físicos del cambio climático y cómo su actividad afecta a los temas ESG. Y no puede quedarse en palabras, sin objetivos concretos, avalados por la evidencia científica y los datos", ha subrayado.
Pero en este tema las empresas cotizadas españolas están mejorando sustancialmente año a año, como recordó la vicepresidenta de la CNMV, ya que el 66% de las empresas del Ibex ya publican objetivos medioambientales y sociales. Un 74% contaba en 2021 con comisiones específicas sobre sostenibilidad en los consejos de administración, frente al 44% de 2019. Los consejeros con experiencia o conocimientos en la materia también han crecido, casi un 70% en 2021 frente al 35% de 2020 y esta mayor preocupación se trasladando del consejo al resto de la estructura de la organización y el 80% de las empresas cuenta con un departamento específico relacionado con ESG, frente al 68% de hace un año.
"Las cifras muestran el cambio notable que se ha producido. El reto es mayúsculo, no cabe duda, pero es transversal porque la nueva normativa va a afectar a todas las empresas de más de 250 empleados, es decir, un conjunto que en España va a ser superior a 3.000 compañías. La cuestión de la sostenibilidad afecta a todo el conjunto del país y las pymes son el principal motor de crecimiento, por lo que ahí se debe poner el esfuerzo y dedicar todos los recursos posibles para que tengan toda la capacidad de adaptarse y dar respuesta no solo al cambio de su modelo de negocio sino a las demandas de sus proveedores y clientes en el día a día", ha asegurado Martínez Parra.
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