Los criterios ESG (environmental, social and governance) cada vez son más tenidos en cuenta por los inversores a la hora de conformar sus carteras. Tanto es así, que la Comisión Europea presentó el pasado el 21 de abril de 2021 la propuesta de una nueva directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas en el marco del Pacto Verde Europeo y el Programa de Finanzas Sostenibles. Es la conocida como CSRD europea y tiene el objetivo de derribar las barreras entre los criterios ESG y las finanzas. Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, nos explica todos los detalles.
Se acaba de aprobar la CSRD europea (Corporate Sustainability Reporting Directive, Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad). ¿Qué cambia para las empresas?
La directiva CSRD modifica la directiva de Información no financiera aprobada en el 2014 (conocida como NFRD). En este sentido, se amplía significativamente el alcance de empresas obligadas a reportar información no financiera en Europa, pasando de 11.600 a 49.000 empresas afectadas. Asimismo, se incrementan los contenidos a reportar respecto a la directiva NFRD a través del desarrollo de los estándares de reporte ESRS (European Sustainability Reporting Standards), se requiere un reporte en formato electrónico con el consiguiente etiquetado digital y se requiere la verificación de los informes de sostenibilidad por parte de un tercero, algo que en España ya era requerido por la Ley 11/2018 de información no financiera. Finalmente, se eleva el régimen sancionador y de supervisión a niveles similares a los de la información financiera.
¿Qué dificultades entraña para ellas?
Por un lado, la interpretación y aplicación de los nuevos estándares ESRS constituirá un reto complejo de aplicar, no solo en las empresas de menor tamaño al que les aplica la directiva, sino también en las grandes compañías. Por otro lado, el hecho de que la directiva CSRD vaya a poner al mismo nivel la información no financiera del de la financiera implica la necesidad de desarrollar un sistema de control interno de la información no financiera robusto, algo a día de hoy inexistente en la mayoría de las empresas. Un sistema de control interno de la información no financiera implica el diseño de un modelo de gobierno del dato (definiendo de forma clara roles y responsabilidades a nivel corporativo y local), un despliegue de un modelo operativo, incluyendo las 3 líneas de defensa, la implantación de herramientas que faciliten la captura y consolidación de la información y, por supuesto, un cambio cultural y de sensibilización de toda la organización. Tengamos en cuenta, además, que la directiva CSRD comienza exigiendo un aseguramiento limitado por parte de un tercero, pero que a partir del 2028 se plantea un aseguramiento razonable, lo que difícilmente va a poder ocurrir si las empresas no robustecen su sistema de control de la información no financiera.
¿Existen métricas homogéneas para que reporten los datos extrafinancieros?
A día de hoy conviven diferentes estándares de reporting de la información no financiera que se vienen aplicando desde hace años con carácter voluntario: GRI, SASB, GHG Protocol, etc. Habida cuenta de la multitud de estándares y de que las empresas los aplicaban de forma muy diferente, la Comisión Europea encargó al Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG, European Financial Advisory Group) el desarrollo de los ESRS (European Sustainability Reporting Standards) que pretenden precisamente homogeneizar la forma de calcular las distintas métricas. Está previsto que un primer set de los mismos, conocidos como "sector agnostic", por no ser específicos de un sector, sean adoptados por la Comisión Europea en junio de 2023 y un segundo set, los sectoriales, en junio de 2024, siendo de aplicación todos ellos para los informes que se publiquen en el 2025 sobre datos del ejercicio 2024. Asimismo, tanto la SEC (Stock Exchange Commission) en Estados Unidos como el ISSB (International Sustainability Standard Board del IFRS) están trabajando en la homogeneización de estándares. El reto es que los tres estándares (ESRS, SEC e ISSB) sean razonablemente similares para evitar que contemos con diferentes formas de medición. A pesar de todos estos esfuerzos, los "grises" seguirán existiendo y habrá interpretaciones varias de algunas métricas, como ya está ocurriendo con la taxonomía verde de la UE.
En el lado positivo de su entrada en vigor en 2025, ¿con la CSRD el greenwashing ya será algo imposible al tener que estar todos esos datos de sostenibilidad auditados?
Un objetivo claro de la directiva CSRD es precisamente frenar el greenwashing. No obstante, los estándares que se están desarrollando darán lugar a ciertas interpretaciones de determinadas métricas en sus inicios y el nivel de aseguramiento exigido actualmente por parte de un tercero es de carácter "limitado". A medida que los organismos reguladores y supervisores vayan aclarando algunos criterios interpretativos y que se exija el aseguramiento "razonable" el riesgo de greenwashing se irá mitigando.
¿Qué cuestiones son más fáciles de reportar y divulgar y cuáles presentan los mayores retos?
En general, la información cualitativa va a ser más sencilla de presentar, si bien es cierto que los nuevos estándares alinean la forma de estructurar la información al ISSB o el TCFD, es decir, basada en gobernanza, estrategia, gestión de impacto, riesgo y oportunidad y métricas y objetivos, lo que dificultará en cierta medida el reporte cualitativo. Nuevos elementos como el concepto de doble materialidad, la inclusión de la cadena de valor completa en algunas métricas y la cuantificación de impactos financieros potenciales relacionados con algunas métricas ambientales van a suponer importantes retos para las compañías.
¿Están preparadas las empresas españolas para afrontar estas nuevas obligaciones en materia de reporting de sostenibilidad? ¿Y en comparación con otros países europeos y con EEUU?
Ya antes de la aparición de la directiva de información no financiera en el 2014, las compañías españolas tenían un mayor nivel de transparencia en información de sostenibilidad que la media de Europa y EEUU. La Ley 11/2018 de información no financiera, que transpuso la citada directiva al ordenamiento jurídico español, fue mucho más allá que en el resto de los países europeos, lo que ha permitido que las empresas españolas vayan a partir de cierta ventaja respecto al resto de países. En EEUU están sustancialmente más atrasados, si bien es cierto que están comenzando a desarrollar estándares y requerimientos y cuando EEUU corre puede adelantarnos rápidamente. Dicho esto, los retos a los que se enfrentan las empresas españolas siguen siendo muy relevantes: mayores desgloses, nuevas formas de medir, nuevas métricas, nuevas formas digitales de presentar la información, etc. y una mayor necesidad de control interno cuando sea exigido el aseguramiento razonable.
Está aún por desarrollar parte de la taxonomía verde europea. ¿Cuándo cree que contaremos con una taxonomía completa?
Si por completa entendemos que cuándo podemos contar con una taxonomía verde que contemple los 6 objetivos medioambientales, se espera que durante el primer semestre del año 2023 se aprobarán los 4 objetivos restantes, si bien se están produciendo distintos retrasos en las fechas inicialmente fijadas para muchas regulaciones. A fecha de hoy todavía estamos pendientes de aclarar, por ejemplo, si la Comisión Europea va a realizar un nuevo reglamento delegado para concretar o clarificar qué es cumplir con las salvaguardas mínimas sociales.
No obstante, y aunque contemos con la taxonomía para los seis objetivos ambientales, la taxonomía se ha diseñado para que sea flexible y se vaya actualizando en el tiempo, tomando como base las nuevas alternativas para transicionar hacia una nueva economía baja en carbono, además de ir adaptándose e ir incorporando las mejores tecnologías disponibles en la regulación y descartando las más obsoletas.
La taxonomía social está, por el momento, frenada hasta que se saque adelante la verde. ¿Tendrá Europa una regulación para las inversiones de tipo "social"?
El reto de la taxonomía de abarcar todas las actividades económicas que contribuyen sustancialmente a los objetivos medioambientales para transicionar hacia una nueva economía y la complejidad que ello tiene está retrasando de una manera muy clara todos los plazos que en su día se marcaron. Al igual que con la taxonomía verde, será bastante complejo desarrollar "a la primera" una taxonomía social que permita identificar cuáles son las actividades económicas, así como los criterios técnicos para determinar si una actividad contribuye sustancialmente al ámbito social. Es uno de los grandes retos, pero si bien, también uno de los más necesarios. Estamos viviendo un cambio de paradigma, en donde "lo social" ha cobrado un valor muy relevante y, por fin, elementos tan relevantes como los derechos humanos, la diversidad y la esclavitud moderna se está intentando regular para que exista una sociedad más justa.
