A tres semanas de que expirase el escudo antiopas aprobado por el Gobierno en el peor momento de mercado de la pandemia -en marzo de 2020-, el Ejecutivo ha decidido ampliarlo por dos años más, hasta que finalice 2024. El nuevo texto, revisado y pendiente de aprobación en consejo de ministros, aumenta el intervencionismo de Moncloa hasta tal punto que no se podrán comprar acciones de ninguna empresa española con una participación relevante, que supere el 10%, pero tampoco ningún activo -en el mundo del capital privado- que se considere estratégico sin que cuente con el beneplácito del equipo de Pedro Sánchez. Esta es una de las principales novedades del nuevo Real Decreto.
¿A quién busca proteger Economía? Básicamente, a aquellas compañías que no logran remontar desde la pandemia y que se encuentran a tiro de opa de cualquier inversor extranjero, ya que la norma se amplió para que también afectara a operaciones motivadas desde la propia zona euro. Y existen varios nombres propios que resuenan: Telefónica, Enagás y, entre las pequeñas, Prisa. El grupo de comunicación controlado por el fondo Amber Capital -con el 29,56%, según CNMV- no alcanzaría el umbral mínimo contemplado en la norma de 500 millones de euros de capitalización, pero sí, tras la nueva modificación, en el apartado de activos estratégicos sujetos también al visto bueno de Moncloa.
¿Está justificada esta medida? Incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una institución libre de sospecha por su independencia, ha mostrado públicamente cierta simpatía por la extensión de la norma en los últimos meses en vista de que las compañías cotizadas no logran remontar. No era así, y cabe recalcarlo, a comienzos de este mismo año, cuando no se mostraba favorable a perpetuar dos años más el intervencionismo del Estado.
El Mercado Continuo alcanza una capitalización hoy un 9% inferior a los niveles de enero de 2020, dos meses antes de que el Covid-19 implosionara en Europa. Es, sin embargo, un 4% superior a los mínimos de marzo de ese mismo año. Pero lo más llamativo son los grandes nombres susceptibles de ser comprados por las manos fuertes (como hedge funds) del mercado y que se repiten desde hace una década, como es el caso de la firma que preside José María Álvarez-Pallete.
Telefónica cotiza un 38% por debajo del 1 de enero de 2020. El problema es que su capital libre en mercado es muy elevado -el 85%- al no contar con un accionista de control y esto es un peligro para el Ejecutivo, que se ha propuesto evitarlo. Su capitalización ronda los 19.000 millones de euros en la actualidad. Era el doble en 2019 y llegó a los 70.000 millones a lo largo de 2015, hace siete años. Para un accionista es imposible a los precios actuales recuperar la inversión incluso con dividendos. En la última década el inversor de Telefónica sufre pérdidas del 40% en la versión total return.
Enagás es la otra gran amenazada, aunque sería casi imposible que prosperase una opa con la SEPI en su accionariado. Su capitalización en bolsa es un 25% inferior a enero de 2020, sobre los 6.000 millones de euros, y cuenta con un free float del 75%. El sector energético es especialmente delicado, con Endesa en manos de la italiana Enel desde hace dos décadas. Ya frenó la operación Géminis aprobada por Naturgy para escindirse en dos mitades. Y apuró el plazo de aprobación de la opa parcial lanzada por IFM sobre el 22,69% del capital de la gasista en el verano de 2021.
Otras compañías clave para los transportes como Talgo y CAF cotizan un 40% por debajo de los niveles previos a la pandemia, hoteles como Meliá y NH -donde hay grandes accionistas de control-, como también sucede con ACS, con pérdidas del 36% desde entonces. Activos clave como el gestor de aeropuertos Aena sufren pérdidas todavía del 25% con respecto a su valor previo a la pandemia, hasta los 20.000 millones.
Prisa entra en la ecuación
El Ejecutivo, preguntado por este periódico ya en el mes de noviembre, siempre ha sostenido que la ampliación del escudo antiopas no estaba en su agenda. Sin embargo, ahora ha decidido prorrogar y ampliar el texto para que entre en vigor el 1 de enero de 2023. Según adelantó El País/Cinco Días, del Grupo Prisa, la norma afecta, además, a otros sectores como medios de comunicación, transportes, robótica, ciberseguridad, telecomunicaciones y defensa. El Ejecutivo sostiene que "las circunstancias actuales aconsejan" mantener esta medida, que ha decidido ampliar con un mayor intervencionismo sobre el mercado de capital privado. Las adquisiciones de activos -no cotizados-, aunque estas no supongan la toma de control de la sociedad, también deberán contar con el visto bueno de Economía.
En pleno año electoral como será 2023, algunas fuentes consultadas sostienen que el Gobierno no querría dejar en manos de un tercero el control del Grupo Prisa, al límite una vez más en términos financieros y a las puertas de acometer una ampliación de capital que rondaría los 150 millones de euros, el equivalente al 65% de su capitalización en bolsa. El grupo francés Vivendi hubiera sido una salvación cuando pidió permiso al consejo de ministros para ampliar su participación y poder llegar hasta el 29,9% del capital de Prisa -al borde de la opa-, pero cambió de opinión meses después para conformarse con algo menos del 10%.
Prisa es la compañía que sufre las mayores pérdidas del Continuo desde enero de 2020. Por el camino se ha dejado un 77% de su capitalización. Actualmente, Prisa está controlada por el fondo Amber Capital cuyo presidente es también el máximo ejecutivo del grupo de comunicación, Joseph Oughourlian. No exento de polémica, Amber alcanzó el 5,13% del capital de Indra en septiembre, participada por el Estado a través de la SEPI, y tiene autorización para llegar al 9,9%.
