La empresa gallega ha creado una sala de reuniones virtual donde se pueden emitir votos con validez legal y donde todo queda registrado gracias a la tecnología Blockchain, más segura y descentralizada.
Hay vida tecnológica más allá de Madrid y Barcelona, como también la hay fuera de Silicon Valley. La prueba está en Nigrán, en la provincia de Pontevedra, donde la aceleradora de empresas ViaGalicia -impulsada por la Zona Franca de Vigo y la Xunta- las acompaña y asiste en su fase inicial. Una de las compañías que ha surgido de este ecosistema para emprendedores es CouncilBox, una legaltech especializada en la celebración de reuniones remotas con validez jurídica.
"Hay una muy buena cantera de perfiles tecnológicos porque contamos con varias universidades y campus que forman a expertos tecnológicos: Santiago, Coruña, Vigo y Orense", subraya Víctor López, CPO de CouncilBox y fundador de la firma junto a Agustín Tourón.
"En Galicia hay dificultades en aspectos como la falta de mejores comunicaciones; sin embargo, se ha creado un ecosistema potente y han salido startups que están haciéndose un nombre", señala López. "Las grandes limitaciones que señalaría son que los grandes clientes están fuera de Galicia y, fundamentalmente, la financiación. Aunque esto está cambiando gracias a que la Administración y algunas aceleradoras están intentando acercar a los inversores a las startups gallegas y el volumen de inversión ha crecido".
A ellos les ocurrió. Tras su paso por ViaGalicia, entraron en el programa Cuatrecasas Acelera en 2016 y, en 2021, llegaron los primeros inversores institucionales: Wayra, Telefonica Innovation, Abanca y Adara Ventures.
Han creado una herramienta que permite celebrar reuniones corporativas, como las juntas de accionistas, y emitir un voto telemático; y también permite a los empleados públicos teletrabajar y atender los trámites administrativos de los ciudadanos. Sus clientes van desde pymes a multinacionales, federaciones deportivas, cooperativas o colegios profesionales, y entre los más conocidos se encuentran Meliá, Abanca, Sacyr, Solaria, Booking, Renta 4, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Foral de Álava o el Ministerio de Justicia.
Precisamente, según cuenta Víctor López, este ministerio está trabajando con las comunidades autónomas para que se unan al proyecto e incorporen el llamado Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) como herramienta de atención al ciudadano.
CouncilBox facturó "más de 3 millones de euros" en 2021, según informa la compañía, cifra que "multiplicó por tres" las ventas del año anterior. "Somos una SaaS [software como servicio], por lo tanto hay un pago por uso para juntas y asambleas, el precio será en función del número de participantes", explica López. "La solución de atención ciudadana es un modelo de suscripción por licencias por funcionario", añade el directivo.
Fuera de España buscan el crecimiento a través de socios locales e integradores y ya tienen proyectos en marcha en Italia, los Países Bajos, Polonia y Portugal. Además, confían en abrir nuevos mercados en Canadá, Chile, Colombia y los Estados Unidos.
Pero la clave de todo es la validez legal y ahí entra la tecnología Blockchain para llevar un registro seguro y descentralizado de las operaciones digitales, sin intermediación de terceros. "Nosotros construimos pruebas generando evidencias Blockchain de cada uno de los pasos que forman el proceso, de inicio a fin. Todo ocurre dentro de la plataforma y, por lo tanto, tenemos las evidencias de todo lo que ocurre y podemos construir la trazabilidad para garantizar que el procedimiento ha sido desarrollado conforme exige la normativa", explica Víctor López.
¿Qué novedades planea ofrecer CouncilBox en el corto plazo? "La solución de celebración de juntas y asambleas es muy completa y ahora se está trabajando en incorporar funcionalidades más avanzadas de voto electrónico complejo, temas de gestión avanzada del voto delegado y representación de personas jurídicas -enumera López-. Sin embargo, donde más novedades va a haber es en el producto de atención ciudadana o atención al cliente con definición de más trámites, identificación fehaciente de ciudadanos y firma electrónica con certificado digital".
