Uber y Lyft, las empresas de transporte estadounidense, se enfrentan a varios litigios por el trato a sus empleados. La Proposición 22, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, permite a estas compañías seguir clasificando a los conductores como trabajadores contratados en lugar de empleados a tiempo completo. El problema radica en que no está clara la retroactividad de la norma, lo que ha llamado la atención de los inversores de Wall Street; ya que podría costar miles de millones de dólares a estas empresas.
En este sentido, el fiscal general de California y los funcionarios municipales de todo el estado han demandado a Uber y a Lyft. Basándose en un informe del estado de California, que asegura que los empleados de estas compañías condujeron 4.300 millones de millas solo en 2018, la Fiscalía quiere recuperar cuatro años de pagos atrasados, gastos de trabajo y sanciones civiles en beneficio de los conductores.
Haciendo caso de este informe y teniendo en cuenta que la tasa promedio de reembolso del Servicio de Impuestos Internos es de 56 centavos por milla, estas empresas tendrían que devolver 9.600 millones de dólares por los cuatro años que exige la Fiscalía.
No obstante, basándose en un estudio de la Universidad de California en Berkeley, los demandantes alegan que esta cantidad solo sería una parte de todo lo que deben Uber y Lyft. Según este informe, el reembolso podría alcanzar las decenas de miles de millones de dólares.
California contra la Proposición 22
Los funcionarios de California consideran que la Proposición 22 no dota de todos los derechos que deberían tener estos empleados. Esta norma proporciona subsidios de atención médica, una garantía de ingresos mínimos, gastos de vehículos y seguro.
El problema aparece cuando, el 14 de enero, la Corte Suprema del estado afirmó que las reglas de clasificación de empleados de California podrían aplicarse retroactivamente, y los demandantes de California prometieron perseguir tales reclamos retroactivos.
En este sentido, Uber y Lyft argumentan que la Proposición 22 quita la razón a los demandantes. Esto ha provocado que las demandas similares del Comisionado de Trabajo del Estado se suspendieran recientemente, a la espera de la demanda del Fiscal General del Estado.
Wall Street no encuentra un riesgo real en estas demandas
Si bien Wall Street ve un problema en la tasa de quema de Uber y Lyft, los robotaxis, la escasez de conductores y una reciente sentencia en el Reino Unido que ordena a Uber aumentar los beneficios de los conductores; no considera que las demandas de California sean un peligro real.
"Después de ganar la Proposición 22 y algunas de las otras batallas legales que tienen ahora, habrá algunos riesgos legales pero, a los ojos de la calle, son riesgos leves", dijo el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, en una entrevista.
Sin embargo, los académicos si consideran que las demandas se materialicen y sostienen que los inversores deberían estar preocupados. "Estamos hablando de una cantidad increíble de dinero", dijo Ken Jacobs, presidente del Centro Laboral de UC Berkeley; que añade que "es muy probable que el estado prevalezca, dado lo que hemos visto en las sentencias preliminares".
Las últimas noticias generan dudas en estas compañías. Si bien un juez federal en una demanda colectiva separada contra Uber sentenció que se había apresurado al determinar que la Proposición 22 no se aplicaba retroactivamente, los abogados que representan a 4.800 conductores le respondieron esta norma no decía nada acerca de ser retroactiva, y que la afirmación de Uber de que la medida rechazaba reclamos anteriores era "frívola".
Además, recientemente, el Secretario de Trabajo de la Administración Biden, Marty Walsh, afirmó que la mayoría de los trabajadores estadounidenses deberían ser clasificados como empleados y recibir los beneficios relacionados.
De acuerdo con recientes presentaciones de valores, Uber reservó 600 millones de dólares para pagar las demandas de 70.000 conductores en el Reino Unido, quienes un tribunal dictaminó que habían sido clasificados erróneamente como empleados independientes. Eso es aproximadamente un tercio del número de conductores activos de California que Uber afirma tener en un cuatrimestre, y un cuarto del número que Lyft informa tener en un ejercicio económico completo.
El 5 de mayo, Lyft le pidió a un juez que suspendiera la demanda del fiscal general de California y le concediera a Lyft y Uber una solicitud para que las disputas sobre la clasificación histórica de conductores se resolvieran mediante procedimientos de arbitraje con conductores individuales. Por su parte, California argumentó que el papel del estado es llevar estas demandas a los tribunales.
"Ya existen miles de demandas de arbitraje presentadas por conductores", señaló James Treglio de San Diego, uno de los muchos abogados que han llevado este tipo de demandas en California. Treglio asegura que, actualmente, tiene pendientes 2.000 casos de reclamaciones individuales de pagos atrasados que pueden llegar a alcanzar los 300.000 dólares. "En términos de valor bruto, estos son casos bastante significativos", dijo.
En este sentido, Barry Winograd, anterior presidente de la Academia Nacional de Árbitros, explicó que, si estos procedimientos se resuelven mediante el arbitraje, podrían significar años de demoras y pagos potenciales menores que los que se exigen en las demandas legales de los funcionarios de California.
Por el contrario, si las demandas se llevasen a los tribunales, los inversores deberían prestar atención; ya que los costes podrían convertirse rápidamente en importantes. "Como mínimo, Uber y Lyft deberían pagar a sus conductores por años de salarios, beneficios y gastos comerciales impagados que se acumularon antes de que la Proposición 22 entrara en vigor. La suma es sustancialmente alta", dijo John Coté, portavoz del abogado de la ciudad de San Francisco, en un comunicado a Barron's . "Conseguir el reembolso de ese dinero a los conductores es nuestro objetivo principal en este caso".
