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El bono 'verde' del Tesoro español alcanzará los 20.000 millones y será a 20 años

  • Lo ha explicado el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio
El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, durante su intervención este jueves.

Carlos San Basilio, Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, ha dado esta mañana detalles sobre la emisión gubernamental de un bono verde que prepara el organismo para 2021. Lo ha hecho en la inauguración de la jornada Financiación y bonos verdes y sostenibles como elementos para la recuperación, organizada por Bolsas y Mercados (BME) y por Ofiso (el Observatorio Español de la Financiación Sostenible)

San Basilio ha explicado que la intención de España con esta emisión (que el Tesoro esperaba haber realizado ya en 2020, pero que retrasó por la falta de unos Presupuestos), es "incorporar un bono verde de referencia, un bono benchmark, con niveles en circulación que lo hagan atractivo para los grandes inversores". La inversión en activos verdes, ha añadido, "ya no es un mercado nicho, ni objetivo de unos fondos muy limitados con estrategias muy concretas sino que cada vez se abre más y cada vez tenemos más inversores en este terreno que necesitan inversiones muy líquidas".  

"Consideramos que la demanda para esta emisión será muy potente", ha afirmado el secretario general del Tesoro

Por ese motivo, "nuestra intención es que el bono verde español llegue a los niveles de liquidez que alcanzan otras emisiones del Tesoro, estamos hablando del entorno de los 20.000 millones de euros, no en una primera emisión sino a lo largo de la vida del bono, en las sucesivas reaperturas de este bono que vayamos haciendo en próximas emisiones". 

"Nuestra idea", ha concretado, "aunque es algo que habrá que afinar, es lanzar un bono a largo plazo, a 20 años, que tendría una primera emisión, desde luego sindicada, con unos valores en torno a 5.000 o 10.000 millones de euros; habrá que ver cómo está el mercado en ese momento pero vista la enorme demanda por emisiones soberanas y por emisiones sostenibles, creemos que la combinación de ambos factores nos va a garantizar una demanda muy potente el año que viene".

Ahorro en el coste

San Basilio ha reflexionado sobre los cambios que ha experimentado el segmento de la financiación sostenible en los últimos años. "Ya no ocurre como en el pasado, que cuando realizabas una emisión de un bono verde te dirigías a un mercado nicho", con un producto en el que pesaba más el factor imagen, y que, por su menor liquidez, "salía a unos costes de financiación superiores a los tradicionales de los Tesoros; no, ahora mismo, los bonos verdes están cotizando prácticamente a los mismos niveles que los bonos nominales tradicionales" de estos organismos, de modo que "lo que veremos es que en algunos momentos incluso supongan un ahorro respecto a otras alternativas de emisión". 

El objetivo del Tesoro sería "mantener este bono que emitamos en sucesivas reaperturas, y contemplar la posibilidad de apertura de emisiones en bono verdes adicionales en otros tramos de la curva", ha agregado, aunque esta posibilidad la valorarán o no en función de cómo evolucione la demanda. 

La incorporación de los emisores soberanos a este mercado, ha destacado San Basilio, "no solo da una señal de compromiso por parte de estos emisores, sino que también refuerza el interés en el mercado por un círculo virtuoso de generación de mayor liquidez, mayor atractivo para los inversores, mayor atractivo para los emisores, en un círculo que se retroalimenta". Pese a que la llegada de esos emisores públicos a la emisión de deuda sostenible es un fenómeno relativamente reciente, "es imparable". La emisión del Tesoro español se realizará "el año que viene, sobre la base del presupuesto de 2021 porque es importante que el bono verde se asocie a partidas de gasto de un presupuesto reciente que facilite la identificación entre el origen de los fondos medioambientalmente sostenibles" y su destino en proyectos sostenibles.

Por su parte, Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha comentado en la inauguración del evento -que ha reunido a los ponentes en la sede de la Bolsa de Madrid, con todas las medidas de seguridad para evitar riesgos por el Covid- que la sostenibilidad es una pieza clave para el operador de las bolsas, y ha puesto de relieve el papel que está desempeñando España, a nivel mundial, en el campo de las finanzas sostenibles: "España se sitúa en el top 10 mundial del ranking de emisiones sostenibles, una posición superior a la que nos correspondería en función del PIB. El año pasado, según datos de Ofiso, el importe  de la financiación sostenible ascendió en España a 22.800 millones de euros, un 34% que el ejercicio anterior", ha destacado.

Julián Romero, presidente de Ofiso, ha puesto de relieve el peligro, creciente, de greenwashing, es decir, de que la etiqueta de verde se utilice como algo meramente marquetiniano: "Hasta ahora, en un entorno no regulado, construido y liderado desde el mercado, ese gran riesgo de fake green [falso verde] se ha combatido con gran éxito; sin embargo, ese peligro se está incrementando". Este problema debe manejarse "con determinación", ha advertido, y para ello es necesario "reforzar aun más, si cabe, la integridad de las operaciones, la transparencia en los objetivos, generar desincentivos a ese fake green. Debemos ser muy exigentes". También ha aludido Romero al mayor plan de inversiones de la historia de la Unión Europea, el Next Generation Plan, aprobado inicialmente el pasado mes de julio. "Queremos saber más sobre cuál es el efecto que tendrá sobre nuestra economía, sobre nuestras empresas y actores financieros", y sobre cómo "estos fondos permitirán cambiar la estrategia de nuestro sector productivo hacia un nuevo modelo energético y económico", ha reclamado.

Pese a las tensiones provocadas por el Covid-19 este año, lo cierto es que el coste medio al que se financia el Estado español ha caído en 2020 por debajo de la barrera del 2%: en junio se situó en el 1,963% y el pasado octubre había seguido reduciéndose hasta el 1,861% (ver gráfico). Esto, pese a que la deuda pública española está en máximos de 1902 (en septiembre se situó en el 114,1% del PIB, 1,3 billones de euros, según el Banco de España). 

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