La Comisión Europea está preparando una revisión de la normativa Mifid II con la intención terminar con la obligatoriedad de pagar por el análisis financiero de forma separada, que ha reducido drásticamente el seguimiento de los analistas de las pequeñas firmas del mercado. Según Bloomberg esto se anunciará en los próximos días y se aplicará a principios de 2021.
Esta medida ha sido muy polémica en los últimos años, desde que se empezó a aplicar en 2018. Al forzar el pago explícito e individualizado de análisis financiero de valores, los brókeres y los bancos ya no podían incluirlo en un paquete en el que se incluía el coste de las operaciones para sus clientes.
Grandes bancos optaron por asumir ellos el coste de este análisis, haciendo que firmas más pequeñas no pudiesen competir contra esto. Como las grandes entidades se centraban en el análisis de grandes valores de la bolsa y las pequeñas gestoras ya no podían competir, esto terminó generando la pérdida del análisis de los valores más pequeños del mercado.
Firmas como Bolsas y Mercados Españoles (BME), junto al Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) tomaron la iniciativa en su momento de proporcionar análisis para estos pequeños valores (Lighthouse), y evitar así que estas empresas se quedasen sin seguimiento.
La CE reconoce que ahora es clave "no imponer barreras donde no son estrictamente necesarias"
La Comisión Europa parece que ya se ha rendido a la evidencia, ya que según Bloomberg, en el documento al que han tenido acceso aparecen declaraciones de la Comisión en las que reconocen que "la crisis actual hace todavía más importante no imponer barreras donde no son estrictamente necesarias", y añaden cómo "muchos inversores creen que un aumento del análisis a empresas pequeñas y medianas incrementará la liquidez en sus emisiones".
Según la agencia, la nueva normativa que prepara la Comisión permitirá que se incluya el coste del análisis en otros paquetes para empresas con una capitalización menor a los 1.000 millones de euros.
Eso sí, la medida todavía necesitará de la aprobación del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.
