El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva normativa que busca seguir homogeneizando el mercado español al resto de Europa. Se trata de un anteproyecto de ley que persigue fomentar el compromiso de largo plazo de los accionistas de compañías cotizadas. Para ello, el Ministerio de Economía se traerá a España dos grandes novedades que ya existen en países de nuestro entorno: las denominadas acciones de lealtad, que consisten, básicamente, en dar doble voto a los accionistas de referencia de una firma; y pasará a ser optativa la publicación de resultados trimestrales –en concreto, el primero y el tercero de cada ejercicio- que quedará a elección de la propia compañía.
El objetivo de Nadia Calviño es mejorar la competitividad de España como mercado bursátil, y de ahí que busque equiparar las exigencias que rigen la bolsa española, con las del resto de comparables europeos. La mayor novedad son las mencionadas acciones de lealtad, que se refieren a la posibilidad de que un accionista que lleve más de dos años invirtiendo en una compañía pueda tener el doble de derechos de voto que lo que le otorgaría su posición. Ahora bien, debe ser el consejo de administración de la cotizada el que lo proponga y para lograrlo se requerirá una mayoría amplia, que podría rondar el 70% del total de la base accionarial. En caso de juntas de accionistas con un cuórum de entre el 25% y el 50% del capital, se requerirá el respaldo de, al menos, el 75%.
Esta medida no se podrá aplicar con carácter retroactivo, con lo que desde el momento en el que entre vigor empezará a contar un periodo de dos años para que las compañías puedan solicitar, previsiblemente, para los accionistas de control o mayoritarios esta medida. Aunque el objetivo de Economía es reforzar el largoplacismo dentro de las cotizadas para evitar la volatilidad, lo cierto es que las acciones de lealtad podrían ayudar a los propietarios de las compañías a ganar cuota de poder en detrimento de los pequeños accionistas, según apuntan distintas fuentes de mercado consultadas por elEconomista.
Otra medida que comprende este anteproyecto de ley es que se elimina la obligación de publicar informes financieros trimestrales para las cotizadas. Fuentes de Economía reconocen que se trata de una medida "costosa" y que "no aporta a los inversores" además de que puede "incentivar el comportamiento cortoplacista".
Más transparencia a las gestoras
Calviño persigue, además, mejorar el gobierno corporativo de las compañías y este objetivo pasa porque las cotizadas conozcan realmente quiénes son sus accionistas, aunque las mismas fuentes del Ministerio reconocen que esta legislación se circunscribe al ámbito europeo por lo que todo inversor que no sea comunitario estará exento.
Además, se exigirá a las gestoras de fondos de inversión que publiquen en un informe (adicional a los que ya existen actualmente) su objetivo de inversión en las compañías en cuyo capital estén presentes. Sólo será aplicable sobre aquellas que estén registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Otras medidas que contempla esta ley es elevar el mínimo de 5 a 8 millones de euros la obligatoriedad de presentar un folleto para recaudar dinero en el mercado, bien sea a través de salidas a bolsa o para emisión de deuda de las compañías.
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