El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, se ha blindado en el capital de la mano de su acreedor, Pimco. La firma ha exigido que no se produzcan cambios en el control de la compañía, y que Oughourlian mantenga por lo tanto el mando, para refinanciar la deuda de 800 millones de euros que mantiene el grupo, según aseguran fuentes próximas al inversor francés.
El vencimiento del pasivo es el año que viene y la intención de Prisa es lograr un aplazamiento de tres años, hasta 2029. Tras la decisión de Oughourlian, de paralizar el lanzamiento de una cadena de televisión y despedir a los directivos críticos -el consejero delegado Carlos Núñez y el director de Contenidos, José Miguel Contreras- la batalla se abre ahora de cara a la junta de accionistas que se celebrará, previsiblemente, el próximo mes de junio, pero parece muy complicado que los accionistas críticos puedan conseguir su objetivo y apartarle de Prisa. El Gobierno, en cualquier caso, ha decidido mover fichar y tratar de aglutinar a un grupo de accionistas con el 51% del capital para forzar la destitución del inversor francés, propietario actualmente del 29,8% de las acciones. Moncloa cuenta, de momento, con un grupo de accionistas españoles con una participación conjunta de alrededor del 17%.
En este grupo, que está liderado por José Miguel Contreras, están Global Alconaba, una firma encabezada por Andrés Varela, uno de los fundadores de Globomedia, con un 7% del capital; Adolfo Utor, dueño de Balearia, que tiene otro 5,4%, y Diego Prieto, fundador y presidente del Grupo SSG, compañía dedicada al transporte sanitario, con otro 3,1%.La clave ahora está en lo que puedan hacer Vivendi, que tiene un 11,79%; la familia Polanco, con un 7,6%; Carlos Slim, con un 7% y el Santander, con otro 4%. Oughourlian tiene garantizado, de momento, el apoyo de Vivendi, pero el Gobierno está presionando al conglomerado francés para que cambie de bando.
Búsqueda de apoyos
A la espera de lo que pueda suceder más fácil parece para el Ejecutivo lograr el apoyo de la familia Polanco, que participa en el capital a través de Rucandio. Más allá, en cualquier caso, de que puedan obtener el 51% y echar a Oughourlian de la presidencia, los accionistas españoles están estudiando vías para forzar su salida del capital. En este sentido, le han ofrecido comprar los medios, entre los que están El País y la Cadena SER, por 450 millones de euros. Otra vía sería encontrar a alguien dispuesto a comprar su participación, pero el presidente no está dispuesto a asumir las fuertes minusvalías que podría suponer en estos momentos la venta después de haber invertido 300 millones. Y es que, a los precios actuales, el paquete accionarial de Oughourlian está valorado en 100 millones de euros, por los que tendría minusvalías de 200 millones. Una de las posibilidades que se baraja en el Gobierno es que pudiera entrar incluso Telefónica, que vendió su participación del 7% para dar entrada a Global Alconaba.
